La gobernadora de Chihuahua minimizó las movilizaciones y colectas organizadas por la dirigencia nacional de Morena para promover un procedimiento destitutorio; por separado, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que aclare la incursión de agentes estadounidenses.
Las tensiones de carácter político y de fiscalización institucional entre el Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua y la cúpula del partido oficialista registraron un nuevo episodio de confrontación discursiva. La gobernadora María Eugenia Campos Galván lanzó un emplazamiento directo a los liderazgos de Morena, exigiéndoles que eviten incurrir en simulaciones o manipulación de datos de cara a la campaña de recolección de firmas ciudadanas que el partido realiza para dar sustento a la solicitud de juicio político en su contra ante el Poder Legislativo.
Al ser cuestionada a su arribo a las instalaciones del Palacio de Gobierno sobre las brigadas y la marcha impulsada en la entidad por la dirigencia nacional morenista, encabezada por Ariadna Montiel, la mandataria estatal minimizó el impacto de las movilizaciones al asegurar que los promotores de estos eventos desconocen el arraigo cultural y la soberanía de la sociedad chihuahuense, la cual definió como una población con criterio independiente que ejerce sus derechos políticos de manera libre en las urnas y es ajena a dinámicas de presión inducida. En contraparte, los mandos del partido guinda sostuvieron que las movilizaciones reflejan un auténtico descontento civil y acusaron a la administración local de operar una estrategia de boicot para frenar la asistencia a los mítines.
De forma paralela a esta disputa partidista, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró de manera pública que la gobernadora chihuahuense mantiene el compromiso ineludible de esclarecer y transparentar la presunta intervención operativa de elementos de agencias de seguridad de los Estados Unidos en territorio nacional, quienes habrían participado en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de procesamiento de narcóticos. El Ejecutivo Federal puntualizó que las investigaciones en curso, coordinadas mediante una comisión especial del estado, deberán deslindar responsabilidades puntuales entre la oficina de la gubernatura y la fiscalía local, permitiendo determinar los canales institucionales que autorizaron dicha incursión extranjera y definir las sanciones correspondientes por la vulneración al marco soberano.
Fuente: Presidencia de la República | © Redacción NoticiasPV
