Luisa María Alcalde sostuvo que las reglas responden a un mandato legal para garantizar el derecho de las audiencias y no a una disposición presidencial.
Ante los señalamientos en contra de las disposiciones dirigidas a radio y televisión emitidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, rechazó que las medidas representen una determinación discrecional del Ejecutivo federal, argumentando que su elaboración obedece a plazos legales establecidos en la normatividad en materia de telecomunicaciones.
La funcionaria sostuvo que el objetivo del marco regulatorio consiste en normar las obligaciones de las empresas concesionarias —comerciales, públicas y de uso social— para salvaguardar los derechos de las audiencias. Entre las disposiciones técnicas, los medios deberán diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión editorial, distinguir la publicidad del contenido noticioso, garantizar el derecho de réplica e incorporar herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad.
Asimismo, el esquema exige a las televisoras y radiodifusoras la elaboración e implementación de un código de ética público, además de la designación de un defensor de la audiencia para canalizar inconformidades de los usuarios. Pese a las objeciones manifestadas por analistas y representantes del sector periodístico, la Consejería Jurídica remarcó que las reglas buscan frenar la difusión de datos descontextualizados o falsos dentro de los espacios informativos.
Fuente: Presidencia de la República | © Redacción NoticiasPV
