El incremento de muertes violentas y migración complica la labor del IJCF, que adopta nuevas estrategias para reconocer víctimas y coordinarse con otras entidades, priorizando la restitución de restos a sus familias
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En Jalisco, un estado gravemente afectado por el narcotráfico y la violencia, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) enfrenta una tarea especialmente complicada.
Además de operar en una zona altamente conflictiva, el instituto debe atender un número creciente de cuerpos, resultado no solo de la violencia y el crimen organizado, sino también del flujo constante de migrantes que atraviesan la región.
A esto se suma el enorme reto de identificar a cada persona fallecida y lograr vincularla con su familia. El trabajo forense enfrenta múltiples obstáculos, entre ellos la falta de infraestructura y la limitada coordinación entre instituciones.
En entrevista con Infobae México, el titular del IJCF, Alejandro Axel Rivera Martínez, detalló los protocolos que sigue el instituto y compartió los principales desafíos a los que se enfrentan, marcados por una creciente carga de trabajo y un contexto estatal cada vez más violento y complejo.
Los cuerpos que nunca se reclaman
La gestión de los cuerpos no reclamados es uno de los aspectos más delicados y prolongados para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Según el titular de la institución que no existe un plazo máximo para el resguardo de estos restos, pero sí un procedimiento riguroso enfocado en la integración del denominado archivo básico de identificación forense.
Este expediente incluye el levantamiento de cadáver, fotografías del lugar y del cuerpo, dictámenes de autopsia, odontología, antropología y genética.
“La idea con este archivo precisamente es que la información obtenida de las personas fallecidas se coteje con los datos que traen familiares de personas no localizadas o desaparecidas”, comentó.
El cotejo de información puede realizarse cuando familiares acuden ante la Fiscalía para hacer una denuncia por desaparición, lo que da pie a la recolección de datos ante mortem; o bien directamente en el área de atención a familiares del propio instituto, donde se levanta una variante del cuestionario y se realiza la toma de muestras genéticas a los solicitantes.
Aunque el proceso de integración del archivo básico debe completarse preferentemente en un plazo de 60 a 90 días, existen casos complejos en los que el deterioro avanzado o la contaminación de las muestras dificulta la obtención de ADN, extendiendo el tiempo indefinidamente.
“No hay una norma nacional ni estatal que nos indique cuánto tiempo tienen que permanecer los cuerpos, así que se resguardan hasta que los archivos básicos estén completos”, señaló Rivera Martínez.
Una vez agotadas todas las vías y con la autorización de la Fiscalía, los cuerpos pueden pasar del resguardo en cámaras de refrigeración a un almacenamiento seco temporal.
Si aún así nadie reclama los restos, el Estado de Jalisco asume la inhumación en un Centro de Resguardo Temporal Forense, también conocido como “panteón forense”.
Este proceso siempre se realiza en tumbas individualizadas y con un número de registro que permite una eventual restitución, en caso de que posteriormente surja un familiar dispuesto a reconocer o reclamar el cuerpo.
“La idea es mantener toda la información posible para responder a futuras búsquedas de familiares, aun cuando los cuerpos hayan sido inhumados”.
Las dificultades en la identificación de personas fallecidas representan uno de los mayores retos para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Los especialistas enfrentan situaciones diversas que van desde cuerpos recientemente fallecidos hasta restos esqueletizados, pasando por cadáveres con distintos grados de descomposición, alteraciones térmicas o exposición al ambiente.
Ante este escenario, la labor científica se vuelve indispensable para aportar claridad tanto a la investigación judicial como al proceso de entrega a familiares.
“Cada cuerpo tiene sus propias especificaciones técnicas y retos, pero nosotros hacemos la necropsia en la condición en que se encuentren y con los elementos anatómicos que se reciban”, explicó el titular del IJCF.
El procedimiento arranca con la observación general: sexo, talla, color de piel, características del cabello, cicatrices, tatuajes y cualquier marca que permita individualizar a la persona. Estos datos son fundamentales para la denominada media filiación.
El siguiente paso es el análisis de lesiones externas, en el que se examina la presencia, extensión y localización de daños en el cuerpo, lo que puede ayudar a establecer la causa y temporalidad de las lesiones.
Después, “la autopsia médico legal debe ser completa, abriendo las tres grandes cavidades corporales: cráneo, tórax y abdomen, siempre de forma metódica y documentando cada etapa con fotografías”.
En cuerpos con tejidos blandos se extraen muestras de sangre, tejidos y órganos con el objetivo de realizar estudios toxicológicos y patológicos.
El análisis odontológico forense también es una herramienta clave: “A todos los cuerpos se les realizan fichas odontológicas, huellas dactilares y se recogen muestras genéticas, incluso si llegaron identificados, porque no siempre las familias están cerca para reconocer de inmediato al fallecido”, menciona el funcionario.
En el caso de restos en estado de esqueleto, la identificación depende del trabajo conjunto entre antropología y odontología, quienes determinan si los restos son humanos, el posible sexo, la edad biológica y cualquier alteración en los huesos que pueda aportar pistas.
La coordinación entre estas disciplinas es esencial, pues “la causa de muerte siempre la determinará un médico forense, pero el aporte interdisciplinario es fundamental para la identificación”, puntualizó Rivera Martínez.
Sobrecupo y desafíos de la infraestructura
El incremento en la violencia y en el número de personas desaparecidas ha desbordado la capacidad de los servicios forenses en Jalisco, generando situaciones de sobrecupo y forzando a la institución a adoptar nuevas estrategias para el manejo de los cuerpos.
Hace 15 años Rivera Martínez observaba que la primera causa de muerte en el Servicio Médico Forense eran accidentes viales, hoy la realidad es otra. “Hay muchos homicidios”, declaró el funcionario.
“Hoy nuestra sociedad es más compleja, es mucho más grande y también, pues desgraciadamente la violencia nos ha desbordado”, agregó.
Incluso con este incremento de la violencia en la región, Martínez aseguró que cuentan con la infraestructura adecuada para seguir trabajando.
“Tenemos la infraestructura adecuada y la hemos seguido creciendo”, mencionó, además de resaltar la inauguración del Centro de Identificación Humana, que se dedica exclusivamente a la identificación, sin hacer otro tipo de investigación criminal.
Esto, aunado a que han comenzado a trasladar cuerpos de las cámaras al Centro de Resguardo Temporal Forense, hacen de la Semefo un lugar que puede seguir avanzando.
“Ahorita tenemos alrededor de 400 cuerpos, una capacidad de un poquito más de 800 cuerpos”, comentó.
Rivera Martínez enfatizó que la solución real no está en multiplicar “panteones o cámaras de refrigeración”, sino en fortalecer los procesos de identificación y restitución.
También recalcó que es importante no llamar panteones a los Centros de Resguardo Temporal, pues “puede caer en la idea que ya se acabó… la idea es entregarle a las familias el cuerpo de sus seres amados”, subrayó.
“Lo primordial es identificar y restituir los cuerpos a las familias, no llenar espacios de almacenamiento”, insistió el director del IJCF, quien subrayó que aún con mejores instalaciones, siempre habrá cuerpos que nunca serán reclamados por circunstancias personales o por la ausencia de familiares, lo que obliga al Estado a buscar soluciones permanentes y humanitarias.
Para enfrentar la magnitud de la crisis forense y mejorar la identificación de personas fallecidas, la colaboración entre instituciones se vuelve imprescindible.
Rivera Martínez recalcó que muchos de los retos en Jalisco tienen que ver con la naturaleza migrante de la población, la movilidad interna en México y la presencia de personas originarias de otros estados, e incluso del extranjero.
Muchas de ellas provienen de Guerrero, especialmente para trabajar por temporadas en los campos agrícolas de Jalisco, en particular en los cultivos de berries.
También llegan personas de Oaxaca y de estados vecinos como Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Michoacán y Nayarit. Esta movilidad es facilitada por la infraestructura carretera que conecta a estos estados, lo cual incrementa el flujo de personas entre ellos.
Este movimiento constante de población añade un nivel de complejidad al trabajo forense, ya que muchas veces los cuerpos encontrados en un estado no son originarios de ahí, y lo mismo ocurre en sentido contrario.
Los cambios en la ley
Antes había muchas prácticas respecto al manejo de cuerpos que no estaban prohibidas, como las fosas comunes y la incineración de cuerpos.
La Ley General de Víctimas y la Ley Estatal de Víctimas prohibe la incineración de los cuerpos; sin embargo, esto comienza a generar una acumulación de cuerpos.
Esto llevó, en su momento, a crisis como la del almacenamiento temporal de cuerpos en trailers en 2018, un hecho que evidenció la urgencia de alternativas de resguardo más dignas y efectivas.
Actualmente, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mantiene acuerdos de colaboración y comunicación constante con la Fiscalía General de la República, así como con otras fiscalías y servicios forenses estatales, con el objetivo de acelerar los proceso de identificación de cuerpos.
Recientemente, el estado firmó un convenio para integrarse a la Base de Datos Nacional Forense, un proyecto federal que busca agilizar la identificación a través del cruce de información genética y personal en todo el país.
“Firmamos el acuerdo para compartir información identificativa y genética a nivel federal y creo que va a ser algo muy bueno”, aclaró.
Mientras estas plataformas entran en funcionamiento, Jalisco apuesta por consolidar también una red forense regional del centro-occidente, basada en la cercanía de los estados y su experiencia compartida en materia de violencia y personas no localizadas.
“La información debe fluir fácilmente entre todos para que la búsqueda y el cotejo de datos sean más rápidos y efectivos”, insistió Rivera Martínez.
Restituir a las familias
A pesar de los avances tecnológicos y la colaboración entre instituciones, el eje central del trabajo forense sigue siendo la atención a las familias de las personas desaparecidas y fallecidas.
Para el director del IJCF, cada proceso, desde la recepción del cuerpo hasta la posible identificación, debe estar orientado a encontrar respuestas y ofrecer un trato digno a quienes buscan a sus seres queridos.
“Lo ideal, lo primordial, es restituirle a las familias los restos, porque no se trata solo de almacenar cuerpos, sino de dar respuesta a una demanda social y humana”.
Alejandro Axel Rivera Martínez remarcó que la política estatal parte del respeto y acompañamiento a los familiares
Se ha procurado contar con áreas especializadas en atención directa, espacio para asesoría y acompañamiento psicosocial, y mecanismos claros para la toma de muestras genéticas y recolección de información ante mortem.
“El archivo básico de identificación forense y el trato individualizado permiten mantener la esperanza de restituir los restos, incluso si el tiempo pasa y las condiciones cambian para la familia”.
El funcionario recalcó: “Siempre va a haber cuerpos que nadie reclame, pero debemos luchar porque los más posibles se puedan restituir”.
