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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La venta de combustible robado en las estaciones de servicio permanece inmune al combate contra el huachicol, emprendido hace seis meses por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoce el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla.
En entrevista con Proceso, el funcionario revela que se detectaron inspecciones fantasma efectuadas por verificadores de la dependencia cuando ésta era encabezada por Rogelio Cerda Pérez, y añade que ya se presentaron denuncias para determinar si hubo encubrimiento oficial.
Sostiene que personal de la Profeco debía acudir a las gasolinerías para revisar las máquinas despachadoras, su calibración y detectar posibles irregularidades, pero eso, dice, nunca ocurrió durante meses.
De acuerdo con Sheffield Padilla, en diciembre último ordenó el despido de todos los supervisores de la Dirección General de Verificación de Combustibles (DGVC). “Puedo comentar que no hay ni un verificador de la anterior administración. En diciembre capacité a todo un equipo nuevo en esta materia”, afirma.
Sin embargo, acepta que carece de las herramientas para revisar si en las estaciones de servicio continúa la venta de huachicol y el robo de combustible contra los clientes mediante el programa de computadora conocido como Rastrillo.
–¿Cuándo realizarán esas inspecciones contra el Rastrillo?
–El próximo año, cuando entre en vigor la nueva Norma Oficial Mexicana 185. Nos permitirá verificar a fondo ese software.
La denuncia
Excandidato a la gubernatura de Guanajuato, el procurador federal del Consumidor explica que aún no puede comprobar si en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se toleró la venta de combustible robado, el fraude a los clientes con litros incompletos y el uso del programa de computadora para manipular sus volúmenes de venta y engañar a Petróleos Mexicanos (Pemex), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la propia Profeco.
Refiere que en el sexenio anterior el huachicol se coló al comercio formal, pero aclara: “A mí no me toca demostrarlo, sino a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, es evidente que 330 estaciones de servicio no volvieron a abrir entre enero y marzo, cuando iniciamos el combate al robo de combustibles”.
El equipo de Sheffield encontró que el personal de la DGVC realizó en noviembre último mil 208 revisiones a gasolinerías para las cuales facturó sólo 13 mil pesos de viáticos.
“Hallamos verificaciones sin viáticos. Entonces, ¿cómo le hicieron para ir a revisar (máquinas despachadoras) en Chihuahua o en Yucatán? Fueron verificaciones de gabinete para llenar la estadística”, agrega.
La Profeco presentó el 29 de enero pasado la denuncia PFC/SV/024/2019 ante el Órgano Interno de Control, representado por Francisco Coquis Velasco, en la que solicitó una investigación y “sanciones administrativas” contra los verificadores que laboraron con Cerda Pérez.
También pidió que se confirmara la existencia y la ubicación de las actas de verificación que se supone fueron levantadas por los inspectores de la DGVC, “pero de las que no se tiene registro alguno”.
En el documento enviado al Órgano de Control, la Profeco detalla que los verificadores supuestamente viajaron a Aguascalientes, Campeche, Colima, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, pero esos datos no concuerdan con el gasto reportado para los traslados.
La denuncia añade que entre octubre y diciembre de 2018 se detectó la pérdida de documentos y un subregistro de denuncias contra gasolinerías que presuntamente incumplieron la norma de verificación NOM-005-SCFI-2017 por vender litros incompletos o resistirse a la verificación.
Tampoco se emprendieron procesos administrativos en 12% de las 4 mil 879 verificaciones en las que se encontraron inconsistencias.
La trampa de gasolineros
En febrero último, una denuncia de exempleados de la compañía ATIO Group reveló que ésta creó el programa Rastrillo. Según su sitio en internet, la firma también es la autora del software llamado Control Gas, utilizado desde 1997 para gestionar los reportes de la venta de combustibles en las estaciones de servicio.
ATIO, contratada por la SHCP y Pemex Logística para 33% de las gasolinerías del país, ofrece dos productos: el programa para realizar las auditorías y, “con un pago adicional”, el Rastrillo, asegura un exempleado de la empresa de tecnología que fue entrevistado por Proceso.
Por eso Sheffield Padilla destaca la importancia de contar con la NOM 185 actualizada, que le permitirá comprobar sus sospechas: el software malicioso está instalado en 8 o 12% de las 12 mil 500 gasolinerías registradas en la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El excolaborador de ATIO –cuya identidad se reserva en este texto por motivos de seguridad– explica cómo operan las estaciones de servicio que venden huachicol, defraudan a los clientes y engañan a las autoridades:
Ya instalado, el programa legal Control Gas permite monitorear digitalmente las bombas de gasolina. La firma tiene control en tiempo real sobre los litros vendidos, los precios y el estado de las máquinas despachadoras.
Con esa herramienta se generan los reportes diarios en formato Excel y se envían digitalmente desde los puntos de venta a Pemex; con esos datos la empresa del Estado sabe cuándo a un gasolinero se le está acabando el combustible.
Reportes similares son dirigidos a la Secretaría de Hacienda para que revise detalles de las ventas, facturaciones y evitar ilícitos.
El programador entrevistado detalla que Rastrillo es un parche informático que se instala clandestinamente para que intervenga el software Control Gas, con lo cual se manipula el control de las bombas de gasolina y los informes que llegan a Pemex y a la SHCP.
“De esta manera, los gasolineros pueden reportar menos combustible del que realmente venden, cuando se trata de huachicol; modificar el comportamiento de las bombas, cuando roban al consumidor, e inflar sus ventas, cuando buscan lavar dinero”, agrega el entrevistado.
“Sí se puede usar el celular”
El 3 de junio último, el procurador federal del Consumidor dio cuenta de la primera desactivación del programa Rastrillo en una bomba despachadora en Champotón, Campeche, operada por la empresa Combustibles e Imagen S.A. de C.V.
En dicha inspección los verificadores abrieron el despachador y descubrieron una tarjeta modificada para control de las bombas. Sheffield Padilla explica que en aquella ocasión se trató de un dispositivo análogo; “por eso necesitamos la nueva norma, para combatir los dispositivos que ahora son digitales”.
El funcionario alerta: “Sospechamos que las gasolinerías que utilizan los mecanismos para robar son las que le piden al cliente que ‘apaguen el celular’. ¿Por qué? Porque los teléfonos celulares interrumpen la operación del software malicioso. En ningún país de Europa ni en Estados Unidos te prohíben que uses el celular dentro de la estación de servicio”.
De acuerdo con la Profeco, de las 125 estaciones de servicio que se verificaron de manera aleatoria entre el domingo 2 y el viernes 7, nueve gasolinerías resultaron con alteraciones en los volúmenes vendidos.
El extrabajador de ATIO considera que la Profeco necesitará del apoyo de la Policía Cibernética para detectar la versión más reciente del Rastrillo.
“Requerirán un peritaje de software de manera integral, poniendo énfasis en la ingeniería de Control Gas, el funcionamiento del parche y revisar las alteraciones en el comportamiento de los reportes”, dice.
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