Los 11 muertos en Chiapas eran civiles que rechazaban trabajar para el narcotráfico, afirma iglesia católica

Supuestamente todos ellos ‘se resistían ante la violencia de los grupos criminales que se disputan la zona, fueron asesinados de manera cruel y despiadada en sus hogares’.

Dichas ‘personas del crimen organizado entraron a la comunidad de Nueva Morelia alrededor de las 5:30 de la tarde y fueron directamente a las casas de las personas que aún se encontraban en la comunidad, asesinando a 11 personas: 6 hombres y 5 mujeres, a 4 de ellos en diferentes casas y a 7 miembros de una familia completa reunida en su casa después de la celebración dominical, luego de darles muerte prendieron fuego a la vivienda y los cuerpos de dos de nuestras hermanas quedaron totalmente calcinados’, explicaron los líderes católicos.

Señalaron que ‘estas mujeres y hombres se resistían a dejar sus hogares a pesar de la violencia, amenazas y hostigamiento de los grupos criminales a sumarse a sus filas, su resistencia a ser libres y a favor de la vida, la paz y la justicia, la resistencia contra todos aquellos signos de muerte que laceran la vida y la dignidad humana, la misma resistencia pacífica de Jesús que lo llevó a la muerte en cruz, ha llevado a estos hermanos y hermanas nuestras a derramar su sangre por la vida del pueblo’.

En la misma carta pastoral refieren que los pueblos en Chiapas siguen sufriendo, debido a que se encuentran ‘en medio de una guerra que no tiene fin y nos están llevando como pueblo a ponernos como carne de cañón y barrera humana’

“Honramos a nuestros hermanos asesinados y al pueblo creyente que peregrina en estas sagradas tierras arrasadas por la violencia generada por el control del territorio y el interés latente de continuar con la explotación minera por grupos criminales que han operado en total impunidad a pesar de las constantes denuncias, comunicados y exigencias de paz, siguen provocando muerte, desapariciones, desplazamiento forzado, amenazas y hostigamiento a la sociedad civil, víctimas de este sistema de gobierno fallido que ha permitido que estos grupos criminales avancen y se posicionen en los pueblos”, menciona la misiva católica.

“Hoy nuestra Iglesia diocesana y nuestra tierra vuelven a teñirse por la sangre de nuestros mártires, mujeres y hombres que resisten ante la violencia, que buscan y construyen caminos de paz y justicia por vías pacíficas”, añade.

Y que ante tanta injusticia ‘la Iglesia no puede ni debe quedarse callada por ello hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes a poner su mirada en estas comunidades y pueblos actuando conforme a derecho’.

Los miembros de la estructura católica denunciaron que los asesinatos han quedado en completa impunidad, los cientos de desaparecidos que se suman a la lista larga de los invisibilizados, así como ‘a omisión del Estado de frente a los grupos criminales que han desestabilizado la vida de los pueblos’.

Y detallaron otros agravios que se enfrentan en distintas comunidades del país, tales como:

• El despojo de bienes materiales y naturales del que están siendo víctimas nuestras comunidades y pueblos.
• El secuestro de comunidades y pueblos por los grupos delincuenciales, obligándolos a sumarse a sus filas y condicionándolos para permanecer en sus casas.
• Las amenazas, hostigamiento, intimidación, persecución a la sociedad civil.
• La presión y control social de los grupos criminales.
• El cobro de derecho de piso y la presencia de personas armadas las comunidades.
• El Control del territorio.
• El saqueo y explotación minera que ha llevado al asesinato de personas inocentes que cuidan y defienden la madre tierra.
• Incluso también denunciaron que hay un proceso electoral manipulado por el crimen organizado.

Los sacerdotes responsabilizaron tres niveles de Gobierno de los asesinatos que han sido perpetrados, debido a la omisión ante la realidad que se ha venido denunciando.

“Es inconcebible la falta de acción de las autoridades habiendo presencia del ejército, Guardia Nacional y policía estatal en la región”, subrayaron.

Fue así que exigieron al gobierno en la carta justicia, el retorno seguro, libre y sin condicionamientos de las comunidades desplazadas. También solicitaron ‘el desarme’ inmediato de dichos grupos criminales, la recuperación del territorio, la atención urgente a las demandas de paz y el restablecimiento del orden social.