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La senadora del PAN, Lilly Téllez, ingresó una iniciativa de ley para que todos los servidores públicos en México sean sometidos a pruebas toxicológicas con la intención de garantizar un correcto ejercicio de funciones.
En su iniciativa, la legisladora de oposición propone que las personas titulares de todos los cargos de elección popular, en los ámbitos federal, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán someterse a exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios, durante todo el tiempo que dure su encargo.
Señaló que por examen toxicológico deben de entenderse las “diversas pruebas que determinan el tipo y la cantidad aproximada de drogas legales e ilegales que una persona ha tomado” y que, dependiendo del resultado, un médico especialista podrá emitir el diagnóstico que corresponda.
Téllez explicó que “no se trata de invadir la esfera privada, ni de estigmatizar a nadie, sino de reconocer que el servicio público es un encargo de confianza y que la transparencia, la rendición de cuentas y la probidad son condiciones mínimas en una democracia constitucional. El que nada debe, nada teme”.
Añadió que este mecanismo “fortalecerá la confianza ciudadana, evitará suspicacias, contribuirá a la cultura de la legalidad y demostrará que los servidores públicos elegidos, al menos, ejercen sus funciones sin ningún tipo de droga que pudiera afectar la investidura que representan”.
Asimismo, dijo, “la medida no constituye una sanción previa, ni vulnera derechos humanos, sino que establece una condición razonable y proporcional, directamente vinculada con el interés público de garantizar el ejercicio responsable de los cargos de elección popular en todos los niveles de la vida pública del país”.
MECANISMO:
Dichos exámenes:
- – Serán practicados por instituciones de salud, con apego a protocolos médicos y respeto a la dignidad de la persona.
- – Su costo será cubierto con recursos propios de los servidores públicos, sin afectar los presupuestos públicos.
- – Los resultados se harán del conocimiento público, garantizando la transparencia y el derecho a la información.
- – La inobservancia injustificada de esta disposición dará lugar a sanciones que podrán ir desde la suspensión temporal de percepciones hasta la pérdida del cargo.
- – La ley establecerá la periodicidad mínima de los exámenes, las instituciones competentes para practicarlos, las sanciones aplicables y los medios de defensa correspondientes.
Finalmente, agregó, “hoy más que nunca, la ciudadanía exige servidores públicos ejemplares y congruentes, que no sólo hagan promesas en campaña, sino que actúen con total transparencia durante el encargo. Este es un momento importante para demostrar que las funciones públicas pueden elevar sus estándares y estar a la altura de la confianza ciudadana”.