Un juez militar otorgó libertad condicional a un mando del Ejército que había sido detenido por el caso Guacamaya Leaks, al considerar que el delito por el que se le acusa no amerita prisión preventiva
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Luego de que a finales del mes de marzo se diera a conocer que un teniente coronel adscrito a la Dirección de Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de nombre Jesús Concepción López Millán, fue detenido por el hackeo del grupo de activistas Guacamaya Leaks contra el Ejército, un juez militar concedió libertad provisional al imputado, al considerar que el delito por el que se le acusa no amerita prisión preventiva oficiosa.
Desde el pasado jueves, el mando militar lleva su proceso en libertad, luego de estar seis días encarcelado en la prisión del Campo Militar 1A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dieron a conocer fuentes del gabinete de seguridad federal.
El juez de la causa, adscrito a los Juzgados Militares del Campo Militar 1A general Álvaro Obregón en la Ciudad de México, retiró la prisión militar de formación al Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, pues el delito de infracción de deberes militares en la modalidad de pérdida de información que se le imputa, no amerita la imposición de dicha medida cautelar.
Elementos de la Fiscalía de Justicia Militar, con sede en el Campo Militar 1-A, con base en una orden de aprehensión, detuvieron hace unos días a López Millán, por el ataque cibernético de los hackers del grupo Guacamaya en contra de la Sedena, en el que extrajeron miles de documentos clasificados del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana, algunos relacionados con la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y las operaciones militares en contra de el crimen organizado en el país, los cuales fueron publicados por la prensa.
El militar estuvo seis días encarcelado. Foto: AndinaEl Ministerio Público Militar acusó al teniente coronel ante el juez militar por el delito de infracción de deberes militares, previsto en el capítulo V del Código de Justicia Militar, que en la actualidad está bajo la lupa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivado de impugnaciones presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El artículo 382 del Código de Justicia Militar, menciona que los militares que infrinjan “alguno de los deberes que le corresponden, según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada, y el hecho u omisión no constituyere un delito especialmente previsto por este Código, será castigado con la pena de un año de prisión”.
Además, señala que cuando “la infracción sea debida a torpeza o descuido, la pena será de cuatro meses. Si resultare daño a algún individuo, se procederá conforme a las reglas generales sobre aplicación de penas”.
La Fiscalía de Justicia Militar continúa con las investigaciones sobre el hackeo a la Sedena, que se registró el año pasado, que están dirigidas al personal de la Dirección General de Informática y de la Dirección General de Transmisiones, encargadas de operar los servidores la dependencia al mando del general Luis Cresencio Sandoval González.
Se espera que más jefes y oficiales sean detenidos más adelante, relacionados con este caso, derivado de las indagatorias para detectar posibles omisiones del personal militar a cargo de los sistemas informáticos de la Sedena.
Entre 2013 y 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional hizo una inversión de por lo menos 2 mil 518 millones de pesos en los controles de ciberseguridad para la infraestructura de los sistemas de hardware y software, utilizados por el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, según dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por medio de un reporte.
El proceso judicial contra el teniente coronel Jesús Concepción López Millán se lleva a cabo, a pesar de que el presidente López Obrador dijo, en octubre del 2022, que no se llevaría a cabo persecuciones e investigaciones por el ataque cibernético que vulneró información clasificada de la Sedena.
Además, AMLO afirmó el mes pasado que sospechaba que detrás del caso Guacamaya Leaks estarían agencias internacionales vinculadas al empresario Claudio X. González.
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