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Bety Maldonado fue detenida en 2010 por portación de drogas. Pasó poco más de seis años privada de su libertad entre el penal de Santa Martha y las Islas Marías “por proteger” a su familia.
Su entonces pareja era un adicto a estas sutancias que terminó endeudándose con su “dealer” y para pagar, después de la presión que ejercían contra ellos, Bety decidió vender droga. “Tomé una mala decisión, me declaré culpable pero también fue para proteger a mi familia porque entonces cuando me fueron a notificar que mi esposo tenía una deuda, empistolaron a mi nietecita que tenía tres años”.
Al ser detenida, dijo, “de alguna manera también me liberé de vender droga y de la presión, del miedo y el terror que tenía de que me agarraran”. En el tiempo que estuvo en prisión, conoció a otras internas que estaban involucradas con los delitos de este tipo porque delincuentes “fueron a sus casas, les gustó su terreno y les dijeron que plantarían amapola, mariguana”.
Con la detención de Bety, también su familia fue afectada pues “los hice prisioneros de mi propia cárcel porque se quedaron solos, mi hija con mi nieta, mi hijo de 15 años, tratando de salir adelante”.
Al salir de prisión el 16 de enero de 2016 -contó- tampoco había quién la apoyara; los familiares “se alejan”, dijo.
Bety junto con otras aproximadamente 15 mujeres formaron recientemente la Red por la Justicia. Guadalupe Jiménez Pérez, otra integrante, expuso que los objetivos de ésta es liberar a las mujeres presas por delitos de drogas ya que muchas por necesidad, hambre y sostener a sus hijos se ven involucradas en estas faltas.
Ambas participaron ayer en el lanzamiento de la campaña #LiberarlasEsJusticia: El contexto es la única diferencia, impulsada por Equis Justicia para las Mujeres y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), a través de la cual se pide al gobierno mexicano “establecer un mecanismo legal que permita la liberación de las mujeres que han sido víctimas de una política de combate a las drogas”, e implementar estrategias de reinserción social.
Actualmente, existen en México 3 mil 18 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, “que en su mayoría fueron víctimas de violaciones de derechos” y que “muchas se ven obligadas a hacerlo debido a la falta de oportunidades y la necesidad de apoyar a sus dependientes”, señaló Equis Justicia para las Mujeres.
Citlali Hernández, senadora secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, recordó que en el Senado ya se ha presentado una iniciativa para despenalizar y legalizar ciertos estupefacientes.
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