En varias regiones de México, los cárteles ya no solo trafican drogas: controlan el acceso al agua, extorsionan a productores de alimentos, deciden precios y condiciones del mercado
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En el horizonte global del crimen organizado, el futuro ya tiene nombre: la quinta ola. Así lo describe el informe The Fifth Wave: Organized Crime in 2040 (La quinta ola: el crimen organizado en 2040), publicado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) en noviembre de 2024 y firmado por el académico Phil Williams. El documento advierte que las organizaciones criminales dejarán de centrarse exclusivamente en las drogas y migrarán hacia el control de recursos estratégicos como el agua, los alimentos y los minerales, aprovechando la crisis climática, la tecnología emergente y las fallas en la gobernanza estatal.
Pero en México, esa predicción ya no es futuro: es presente. Desde hace un par de años, diversos casos documentados por medios nacionales e internacionales muestran cómo el crimen organizado ha comenzado a capturar los mercados de agua, granos, energía y alimentos básicos, extendiendo su poder más allá del narcotráfico, diversificando sus fuentes de ingresos y sometiendo a comunidades enteras a través de la sed y el hambre.
Del control del aguacate al acaparamiento del maíz
El informe de Williams plantea que el agua podría convertirse en “el nuevo fentanilo”, mientras que los alimentos básicos, como granos y tubérculos, serían los próximos objetivos de los grupos criminales. Aunque el análisis proyecta estas dinámicas hacia 2040, en México estas formas de captura ya fueron denunciadas en múltiples regiones.
En septiembre de 2022, la Confederación de Cámaras Industriales advirtió que el crimen organizado controlaba en ese entonces los precios y el abasto de alimentos en al menos siete estados: Guerrero, México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Según el comunicado de la organización, los grupos criminales no solo imponen condiciones a los proveedores, sino que también bloquean las rutas de distribución, amenazan a los transportistas, destruyen camiones y deciden quién puede vender o comprar productos como el aguacate, el limón y el pollo.
La industria del aguacate, con un valor estimado de 3 mil millones de dólares anuales según la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, es uno de los casos más emblemáticos.
Como documentó el periodista Peter Appleby en marzo de 2024, los grupos delictivos no solo extorsionan a los productores, sino que también promueven la expansión de la frontera agrícola mediante la deforestación ilegal, desplazando a pobladores y facilitando el cambio de uso de suelo a través de la corrupción de autoridades locales.
El negocio del maíz y las tortillerías atraviesa una situación similar. Un reportaje de The Washington Post, publicado en mayo de 2024, reveló que alrededor del 15% de las tortillerías en México (unas 20 mil) son víctimas de extorsión por parte de grupos criminales, quienes controlan desde el suministro de gas hasta el transporte del grano.
En estados como Sinaloa, estos grupos también manejan la distribución de agua para los cultivos de maíz, condicionando el acceso al recurso natural y obligando a los productores a pagar cuotas para evitar ataques o saqueos.
El agua, mercancía del crimen
La captura de los recursos hídricos, anticipada como una tendencia futura en el informe de Williams, ya es una realidad en estados como Chihuahua y Chiapas.
En Chihuahua, una investigación publicada en 2024 por Vice News, firmada por el periodista Luis Chaparro, reveló que una célula del Cártel de Sinaloa montó una red de cisternas, bombas y kilómetros de tuberías para desviar el agua de ríos y arroyos hacia sus cultivos de marihuana y amapola en la Sierra Tarahumara, en plena sequía.
Agricultores de la región denunciaron que necesitan “permiso” del cártel para acceder al agua y que incluso hoteles y restaurantes pagan por el suministro controlado por la organización criminal.
En la frontera de Chiapas con Guatemala, pobladores de los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron en diciembre de 2023 que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa cortaron los servicios de agua, luz e internet como represalia por no colaborar en los bloqueos carreteros organizados por el narco.
Esta forma de coerción incluye la elaboración de censos familiares para identificar quiénes pueden ser reclutados y quiénes serán castigados, como reportó también la periodista Ángeles Mariscal para Aristegui Noticias.
La colusión
El avance del crimen sobre el agua y los alimentos en México no se da en soledad. Como expuso el periodista J. Jesús Lemus en una columna publicada en diciembre de 2020 en Los Angeles Times en Español, la corrupción estatal y la participación de grandes corporativos —especialmente del sector minero y agroindustrial— han facilitado el despojo del agua a las comunidades.
Empresas como Grupo México, Goldcorp Inc., Cemex y Frisco, según los datos citados en ese artículo, concentran la mayor cantidad de concesiones de agua en el país, mientras millones de personas carecen de acceso diario al recurso.
Lemus también advirtió sobre la presencia de células criminales que ofrecían servicios de intimidación y disuasión a favor de las empresas que buscaban mantener el control de los recursos hídricos frente a los movimientos sociales.
