La propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para pacificar su país mediante una negociación con los cárteles del narcotráfico, beneficiaría a los integrantes de los grupos delictivos y a sus redes de apoyo, que incluyen a los narcos mexicanos.
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La propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para pacificar su país mediante una negociación con los cárteles del narcotráfico, beneficiaría a los integrantes de los grupos delictivos y a sus redes de apoyo, que incluyen a los narcos mexicanos. Si los criminales se entregaran a la justicia –en caso de que se acepte la fórmula de Petro– conservarían parte de sus fortunas y no serían extraditados a Estados Unidos, por lo que abogados de narcos mexicanos han mostrado interés en discutir el asunto.
BOGOTÁ (Proceso).– Abogados de narcotraficantes mexicanos y colombianos han mantenido “contactos” desde hace varios meses para “analizar en forma conjunta” la propuesta de Paz Total del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien busca el sometimiento de los jefes de estructuras delictivas locales asociadas al “multicrimen trasnacional”, a cambio de rebajas de penas y el desmantelamiento de sus negocios ilícitos.
Fuentes que han participado en esos acercamientos dicen a Proceso que su objetivo es analizar los beneficios legales que ofrece la política de Paz Total de Petro a las organizaciones del narcotráfico y las posibilidades de que esa estrategia pueda ser aplicable a capos mexicanos que hayan delinquido en Colombia. También se ha hablado de realizar en México “mesas de paz”.
Uno de los abogados consultados, quien pidió reservar su nombre, señala que esas mesas podrían congregar a académicos, abogados y voceros de la sociedad civil y de las comunidades afectadas por la violencia para hablar de la experiencia del proceso de Paz Total en Colombia y de la posibilidad de que algunos de sus enfoques sean aplicables en México.
De acuerdo con el litigante, “la intención no es extender a México en forma automática la política de Paz Total, pero sí buscar puntos de encuentro, por ejemplo, en cómo podrían funcionar aquí y allá políticas criminales en las que la extradición (de narcotraficantes a Estados Unidos) y la guerra no sean el único camino”.
Explica que, además, “hay varios casos de mexicanos que tienen penas por narcotráfico en Colombia, y ellos tienen mucho interés en ver cómo se desarrolla el proceso de Paz Total porque podrían acogerse a él”.
Para los integrantes de bandas criminales colombianas el incentivo de esa política es que, según la iniciativa de ley que se debate en el Congreso, tendrían rebajas sustanciales de penas, les permitiría mantener algunos de sus bienes –la mayor parte sería para reparar a víctimas de la violencia– y podrían vivir el resto de sus días sin la zozobra de ser capturados o, eventualmente, extraditados a Estados Unidos, donde los delitos de narcotráfico se pagan hasta con cadena perpetua.
El gobierno de Petro ha señalado vía el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, que los miembros de estructuras delictivas que tengan solicitudes de extradición a Estados Unidos y se sometan a la Paz Total gozarán de una suspensión de ese requerimiento.
“Es una decisión soberana y autónoma del presidente de Colombia, (que) se entiende acá en Estados Unidos”, afirmó Murillo en febrero último, y dijo que esa medida la han aplicado gobiernos anteriores, como el de Álvaro Uribe, que en 2003 negoció la paz con grupos paramilitares, y el de Juan Manuel Santos, quien en 2016 firmó un acuerdo de paz con las FARC.
Otro abogado que mantiene pláticas con colegas mexicanos que representan a integrantes de cárteles de las drogas afirma que la política de Paz Total de Petro es “una oportunidad” no sólo para que narcotraficantes colombianos se sometan a la justicia y puedan recibir beneficios judiciales, sino también “para extranjeros que hayan cometido delitos en Colombia”.
El congresista Alirio Uribe dice a Proceso que la ley que se discute en el Poder Legislativo para posibilitar la paz con poderosas estructuras delictivas, mediante un sometimiento acompañado de beneficios jurídicos, “tiene que ver con crímenes transnacionales como el narcotráfico”, en el que participan los cárteles mexicanos.
Esa participación se produce porque los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación no sólo son los principales compradores de cocaína en Colombia, sino porque tienen delegados –mayoritariamente de nacionalidad mexicana– que supervisan en este país los cultivos de hoja de coca y los laboratorios en los que se transforma en clorhidrato.
Legalmente posible
Alirio Uribe, quien además de congresista del gobernante Pacto Histórico es un experimentado abogado, asegura que está ampliamente documentado que “personas de México, de los cárteles, están asociadas a los grupos armados colombianos y tienen presencia en los territorios productores de coca y, obviamente, están delinquiendo (en este país)”.
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