Una de las empresas ganadoras de la licitación era parte de Grupo Higa, los patrocinadores de la gubernatura de EPN en el Edomex y de su Casa Blanca
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Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el proyecto de construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro sólo empezaría si una empresa privada da un paso al frente para hacerse cargo. “El gobierno federal no podría hacer esa obra porque, además de que no tenemos los recursos, no nos alcanzaría el tiempo”, dijo el mandatario. “Pero una empresa privada podría hacerlo, con la condición de que fuesen trenes de pasajeros y modernos”.
“Es toda una historia”, dijo López Obrador. El Tren México-Querétaro está relacionado con la Casa Blanca, uno de los escándalos de corrupción más importantes del sexenio de Enrique Peña Nieto. El caso surgió tras un reportaje encabezado por la unidad de investigación del sitio Aristegui Noticias.
La investigación encontró que Constructora Teya, una empresa constructora de Grupo Higa, recibió una serie de licitaciones millonarias cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Su director, Juan Armando Hinojosa Cantú, estuvo encargado de la construcción de la casa del ex presidente y transfirió 100 millones de dólares a una serie de empresas fantasma después del escándalo.
Constructora Teya también era una de las siete empresas del consorcio chino-mexicano que obtuvo la licitación para construir el tren México-Querétaro. El concurso por el proyecto estuvo plagado de irregularidades desde el principio.
De acuerdo con Aristegui Noticias, el apoderado legal del consorcio ganador afirmó que sus empresas empezaron a preparar su propuesta desde 2012, cuando Peña Nieto anunció la construcción del tren en su toma de posesión. Una empresa que no participó en la planeación, pero sí ganó, fue Teya.
La convocatoria oficial para la licitación sólo dio un plazo de dos meses para que las empresas interesadas presentaran sus proyectos. Diversas empresas internacionales pidieron una prórroga bajo el argumento de que 62 días no eran suficientes para planear una obra de más de 50 mil millones de pesos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, se resistió y, en noviembre de 2014, anunció que el ganador era el único consorcio que presentó un proyecto.
El colectivo estaba formado por las empresas del estado chino China Railway Construction, China Railway Construction Corporation International, China South Rolling Stock Corporation y las empresas privadas mexicanas Grupo GIA+A (propiedad de Hipólito Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari), Prodmex, GHP y Constructora Teya. El consorcio presentó un presupuesto de 60 mil millones de pesos para la obra, 10 mil millones más de lo que había estimado el gobierno.
Tres días después, el 6 de noviembre, el secretario Ruiz Esparza pasó toda la tarde en el senado defendiendo su licitación ante las acusaciones de opacidad. En la noche, él mismo anunció que el presidente canceló los resultados del concurso. Dijo que organizarían una nueva convocatoria donde estuviera garantizada la “transparencia del proceso”.
Ese domingo 9 de noviembre, diversas organizaciones encabezadas por Aristegui Noticias publicaron el reportaje de la Casa Blanca. De acuerdo con el sitio, algunos corresponsales de medios extranjeros tuvieron acceso temprano a la historia y solicitaron una postura del presidente desde el mismo jueves en el que éste canceló los resultados del concurso.
En diciembre de ese año, el mismo medio publicó que el gobierno mexicano pagó 16 mdd al chino como “compensación por los costos que supuso la preparación del proyecto”. Ruiz Esparza dijo que no había tal pago.
El 30 de enero de 2015, el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray canceló oficialmente el proyecto por “responsabilidad fiscal”. La segunda convocatoria ya había sido publicada para entonces.
Ese mismo año, en octubre, el gobierno de China presentó un “aviso de intención de iniciar un arbitraje de inversión en contra de México” por las dos cancelaciones del concurso de la obra. El reclamo era de 600 millones de dólares.
Aun cuando el proyecto está cancelado desde hace 5 años, el gobierno de México sigue teniendo el derecho de vía sobre los terrenos para la obra. Es por eso que López Obrador no ha cerrado la puerta para una resurrección del tren México-Querétaro.