La FGR pide una orden de aprehensión contra el migrante que habría iniciado el fuego

La FGR solicitó cuatro órdenes de aprehensión contra dos funcionarios del INM, un guardia privado y el migrante que habría iniciado el fuego en el centro de detención de Ciudad Juárez.

proceso.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por el incendio en el que murieron 39 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, se han solicitado cuatro órdenes de aprehensión por homicidio y se espera que en las próximas horas se pidan más, en las que se sumarían los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena, informó la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías Guerra.

La funcionaria indicó que las primeras órdenes de aprehensión son contra dos funcionarios de migración, un guardia privado, y además de la que está contra una de las personas migrantes que habría iniciado el fuego, pero también habló de un migrante dentro de las rejas que intentó dañar una de las cámaras.

También podría darse la comisión de otros posibles delitos como malos tratos, pero son solo hipótesis con las pruebas que se vayan presentando.

Dijo que se tiene conocimiento de que a las 8:30 de la noche, personas migrantes juntaron colchonetas y las apilaron, de acuerdo con declaraciones de testigos, y minutos después iniciaron el fuego. Migrantes mencionan que “estaban protestando sobre algunas inconformidades”.

“Se inició en la estancia provisional de Ciudad Juárez y ninguno de los servidores públicos ni los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a migrantes que se encontraban adentro con el fuego”, indicó.

Aseguró que actuarán siempre con transparencia, “no vamos a ocultar ningún hecho y no vamos a proteger a ninguna persona.  La investigación será transparente para dar justicia a las personas”.

Al preguntársele si se llegaría a tocar al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que “todas las personas que requieran ser convocadas ante el agente del Ministerio Público, van a acudir sean o no servidores públicos, comprende a todos los que tengan la obligación, por orden de ministerio público lo vamos a estar haciendo”.

Indicó que revisarán la condición del alojamiento, en qué características estaba, qué pasó con los protocolos de protección civil, pero todo está en manos de la FGR.

La secretaria de Seguridad desconoció cualquier lista que hubiera en torno a las nacionalidades de las personas afectadas, porque aún hay varias personas fallecidas en las cuales no se tiene una identificación, “por eso es nuestra espera para dar a conocer toda la lista completa de las personas que están en el servicio forense, esa es lo que ha sucedido, (…) también hay algunos que están heridos en los cuales no tenemos los nombres”.

También explicaron que el origen de la protesta de los migrantes es que tenían el temor de que serían deportados y que por eso habían sido detenidos, pero que fue “un grupo de migrantes pequeño el que empieza a destruir y luego a acumular las colchonetas para prender el fuego”.

Rodríguez detalló que “hubo varias denuncias de vecinos que un grupo de migrantes. No sabemos si este u otro agredía a la gente pidiéndole, exigiéndole a la gente dinero en las calles, por lo que se determinó hacer un operativo y llevarlos a la estancia migratoria. Esa es la información que aún no obra en las diligencias, pero que es lo que dicen los vecinos y algunos más”.

Expuso que es parte de la investigación revisar por qué no hubo un seguimiento de protocolo en materia de protección civil, porque fue claro que no hubo un reglamento que fuera respetado en ese momento y se tiene que determinar quién no permitió la salida de estas personas. “Evidentemente hay un delito grave”.

En torno a la empresa privada, dijo que después de estos hechos es muy probable que no vuelva a operar en el país por la evidente falta de capacitación, además de admitir que como instrucción presidencial la seguridad debió estar a cargo de elementos federales, pero no todas las dependencias se han apegado a esta declaración.

“Antes de ser servidoras públicas, por lo menos de mi parte, somos madres, hermanas y somos por mi parte abuelas, imagínese el dolor de las familias, de las personas, de estos migrantes que van a buscar la vida y que tengan un fallecimiento que es esta travesía acabe de esta forma sí indigna, sí molesta y es un sentimiento, no solamente lo voy a decir, no solamente de impotencia sino de coraje, por eso empezaba diciendo que tenemos una indignación porque son vida humanas, es imperdonable”, expresó la secretaria.

                                                         
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