Por Paty Aguilar
Incurre en responsabilidad penal y administrativa el juez del Juzgado Penal de Bucerías, Roberto Reyes Guerrero, en el juicio 438/2014, que interpuso Elvira Ordoñez Arreola, contra su cuñada, Juan Dalila Nuñez Monteagudo por el delito de despojo, mismo que hasta la fecha no se ha configurado, sin embargo, la parte ofendida en el mes de diciembre 2016, interpuso un juicio incidental dentro del mismo expediente original, para que de manera voluntaria se le entregara la casa y el juez le dio entrada.
Con fecha 19 de enero 2017, la señora Dalila Núñez, presentó apelación contra la sentencia del juez que ordenó el desalojo de la casa con fecha 8 de diciembre 2016, motivo por el cual, con fecha 2 de febrero 2017, el juez acordó remitir los autos del expediente al Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, pero no lo hizo.
Lo que sí hizo, fue darle seguimiento a la solicitud de la parte ofendida, que con fecha 11 de enero 2017, pide se dé cumplimiento al acuerdo de diciembre 2016 y se fija la fecha 22 de febrero 2017, y en ese mismo escrito, que tiene fecha “20 de enero 2016”, el juez admite el recurso de apelación de la señora, Dalila Núñez, que tiene fecha de 19 de enero 2017 y ordena que se remita la totalidad de los autos originales al presidente de la Sala Unitaria en turno del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, para los efectos de la substanciación del recurso interpuesto.
Pero resulta, que dicha apelación que elaboró el abogado, Adán Esparza, quien de manera gratuita defiende el caso a favor de la señora, Dalila Núñez, nunca llegó al Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, esto fue corroborado por la señora, Dalila Núñez, y este medio de comunicación cuando el viernes pasado 3 de marzo 2017, de manera personal en la ciudad de Tepic, Dalila Núñez, solicitó el número de Toca de dicha Apelación, el cual no estaba registrado.
Es decir, el Juez Penal de Bucerías, no cumplió su propio acuerdo y dejó en estado de indefensión a la señora, Juana Dalila Núñez Monteagudo. El juez di cabal seguimiento al acuerdo del 8 de diciembre 2016, motivo por el cual, el 22 de febrero 2017, se programó el desalojo, pero no asistieron a la diligencia, al otro el juez acordó llevar a cabo dicha diligencia misma que se dio de manera irregular porque no hubo notificación a la señora, Dalila, sin embargo, ese día 23 de marzo, fue notificada por la actuaria del Juzgado, en la calle no en su domicilio, motivo por el cual, se acordó nuevamente y esta vez si fue notificada en el Juzgada, la señora Dalila, que para el 10 de marzo 2017, sería desalojada con el uso de fuerza pública.
Se trata pues de un juicio de despojo que según la evidencia documental y testimonial que priva en el expediente original, el delito no se ha configurado, dado que la posesión del predio donde está construida la casa de la señora, Dalila Núñez, data desde hace más de 15 años.
La constancia ejidal, como se informó oportunamente, estaba a nombre del esposo de Dalila, Guillermo Ordoñez Arreola, quien en el 2014, cuando dejó a su esposa y sus hijos para vivir con otra mujer, decidió ceder el derecho a su hermana, Elvira Ordoñez Arreola, quien interpuso el juicio de despojo de un predio y casa que nunca estuvo en posesión del mismo, según testimoniales de vecinos y del delegado municipal de la comunidad del Porvenir, según consta en dicho juicio donde Elvira Ordoñez, también declara que efectivamente, nunca ha tenido la posesión del inmueble, pero el juez no tomó en cuenta estas declaraciones, lo que hizo fue darle entrada al juicio incidental para entregar de manera provisional el inmueble a Elvira Ordoñez, con argumentos legales que no aplican los supuestos daños que está sufriendo la ofendida por no tener el inmueble en su posesión.
Además, la constancia ejidal que logró obtener Elvira Ordoñez Arreola, por parte del Ejido del Porvenir, contiene irregularidades que daremos a conocer en la próxima información sobre este caso que ha causado conmoción en los habitantes de esta comunidad por considerar que se está cometiendo una injusticia por parte del Juez del Juzgado del Primera Instancia del Ramo Penal con sede en Bucerías, licenciado, Roberto Reyes Guerrero.
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