proceso.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Brian Cogan, juez de la corte federal de Brooklyn admitió hoy la solicitud de los fiscales que llevan el caso de Joaquín El Chapo Guzmán para que los extranjeros que se unan a su equipo de defensa sean sometidos a un análisis para descartar que sean miembros del cártel de Sinaloa y tengan acceso a pruebas confidenciales.
El juez resolvió que ese riesgo es “significativo” dado el historial de Guzmán de contratar especialistas para expandir su negocio de narcotráfico.
“Por lo tanto este requisito de aprobación previa es necesario”, señaló el magistrado en su dictamen de siete páginas difundido públicamente.
En su decisión del martes el juez estableció también que el funcionario que analice el historial y credenciales de abogados, investigadores o traductores que pretendan unirse al equipo de defensa no sea algún fiscal del caso, como alguno del distrito sur de California o el distrito oeste de Texas, ya que allí también hay acusaciones pendientes contra El Chapo.
Si el gobierno prefiere que la persona designada se encuentre en la corte federal de Brooklyn, precisó, alguno de los fiscales del caso podría dejar de desarrollar esa función y convertirse en el especialista que realice los análisis, estipuló Cogan, quien dio un plazo de 14 días al gobierno estadunidense para dar el nombre y dirección de esa persona.
Hace un par de semanas, los fiscales Robert Capers y Arthur Wyatt propusieron realizar un análisis de los extranjeros que se unieran a la defensa del exlíder del Cártel de Sinaloa porque “si un abogado o investigador extranjero que también fuera un miembro del cártel de Sinaloa se uniera al equipo defensor, éste podría viajar a Estados Unidos, revisar las pruebas que están protegidas y viajar después fuera de Estados Unidos con esos conocimientos”.
Pudieron como ejemplo que “si un miembro del cártel viajara a Estados Unidos y conociera la identidad de un testigo colaborador mexicano podría después viajar a México con esa información y dar el nombre del testigo a otros miembros del cártel de Sinaloa que podrían secuestrar o matar a la familia de ese testigo”.
Michael Schneider y Michelle Gelernt, abogados de oficio de Guzmán, criticaron la propuesta y la consideraron una “prohibición” a la entrada de extranjeros a su equipo.