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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez estadunidense Dana Sabraw ordenó este lunes al gobierno de Donald Trump que temporalmente deje de deportar a familias que han sido reunificadas tras su separación en la frontera con México como consecuencia de la política de “tolerancia cero”.
Tras una moción de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para evitar “deportaciones en masa”, el juez instó a Trump a no expulsar del país, durante la próxima semana, a ninguna de estas familias para que decidan si piden asilo político.
De acuerdo con el grupo de derechos civiles que presentó la demanda, en junio pasado, indica “persisten” rumores que indican que el gobierno de Estados Unidos da incluso “pocas horas” a los padres para que decidan si regresan a sus países de origen o inician un largo proceso judicial.
Por ello, estimaron oportuno –y Sabraw les dio la razón—pedir una semana para que los indocumentados tomen una decisión “extremadamente compleja”.
El magistrado dio al gobierno hasta el próximo lunes 23 para responder a las cuestiones planteadas por ACLU, y hasta entonces, apuntó, no deberán deportar a ningún inmigrante que fue separado de sus hijos en la frontera.
En su petición, ACLU señala que la decisión es ahora más complicada después de que el Departamento de Justicia anunció, el pasado 11 de junio, que “no serán elegibles para el asilo” los migrantes que hayan sido víctimas de violencia doméstica o de pandillas, motivos frecuentemente alegados por los inmigrantes centroamericanos.
Ante esta nueva directriz, esa organización estimó que los indocumentados necesitan tiempo suficiente para tomar una decisión “informada” y “sin presiones”.
Por orden del propio Sabraw, el gobierno de Trump se apresura estos días para cumplir el plazo establecido para el próximo jueves 26 por el propio magistrado de San Diego (California) de devolver a sus padres a los cerca de 3 mil menores que el gobierno separó como consecuencia de su política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal.
El pasado martes se cumplió la primera parte de este plazo, en el que el gobierno debía entregar a sus padres a 103 menores de cinco años separados de sus padres, aunque finalmente esa cifra quedó reducida a 57 porque, alegó, no pudo completar el resto de las reunificaciones por la seguridad de los niños, entre otros motivos.
ACLU indicó hoy que han recibido dos listas por parte del gobierno sobre el resto de menores que todavía permanecen separados. La de los padres tiene mil 600 nombres y la de los niños unos 2 mil 500.
La organización asegura que tiene noticias de que la reunificación de los menores de entre cinco y 18 años ya comenzó, y que estos inmigrantes están en “grave riesgo” de “ser reunificados con sus familias solo para ser inmediatamente deportados, sin toda la información” sobre sus opciones, a pesar de tratarse de casos de “vida o muerte”.
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