Juan Carlos Valencia González, sucesor de «El Mencho», nació en Santa Ana, California; su ciudadanía estadounidense obliga a las agencias de inteligencia a solicitar permisos especiales y tribunales secretos para vigilarlo.
La transición de mando en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha traído consigo un desafío jurídico inesperado para Washington. Según un reportaje de The Wall Street Journal publicado este jueves 19 de marzo de 2026, la nacionalidad de Juan Carlos Valencia González, alias «El 03», nacido en Santa Ana, California, representa un obstáculo procesal para las agencias que buscan su captura.
Burocracia contra la inteligencia
A diferencia de otros capos mexicanos, Valencia González goza de las protecciones legales que la Constitución de EE. UU. otorga a sus ciudadanos, incluso si operan en el extranjero. Para que agencias como la DEA o el FBI puedan realizar vigilancia electrónica o recolectar información personal, el protocolo es mucho más estricto:
Aprobación de alto nivel: Se requiere la autorización directa del Fiscal General de los Estados Unidos.
Tribunales Secretos: Deben convencer a un tribunal de inteligencia extranjera de que el investigado actúa como agente de una potencia criminal o grupo terrorista internacional.
Limitación de herramientas: Las leyes estadounidenses restringen el uso de ciertas tecnologías de espionaje contra sus propios ciudadanos, lo que podría ralentizar operaciones que requieren agilidad extrema.
¿Quién es el ciudadano «03»?
Nacido el 12 de septiembre de 1984, «El Pelón» o «Tricky Tres» es hijo biológico de Armando Valencia (Cártel del Milenio) y Rosalinda González. A pesar de su perfil discreto, es el fundador del Grupo Delta y el Grupo Élite, los brazos paramilitares del CJNG conocidos por su alto nivel de entrenamiento y violencia.
Aunque el gobierno de EE. UU. ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por él, su estatus de ciudadano binacional complica la alianza estratégica entre la administración de Claudia Sheinbaum y Washington, ya que México prohíbe operaciones directas de agentes extranjeros en su suelo y EE. UU. ve limitadas sus capacidades tecnológicas por los derechos civiles de su propio ciudadano.
