Estos dispositivos, utilizados por el crimen organizado para anular señales de GPS y celulares, son ilegales para civiles; la ley exige su entrega inmediata y destrucción.
El uso de tecnología avanzada por parte de grupos delictivos ha puesto en jaque la seguridad en las vías de tránsito nacionales. Los jammers, dispositivos diseñados para inhibir o bloquear señales de radio, telefonía y GPS, se han convertido en la herramienta predilecta para el robo de vehículos, permitiendo a los delincuentes «desconectar» los autos de sus sistemas de rastreo satelital en segundos.
Ante esta problemática, la normativa vigente en México, a través de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal, prohíbe estrictamente la fabricación, comercialización y uso de estos aparatos por parte de particulares. Su operación está limitada exclusivamente a centros penitenciarios y organismos de seguridad nacional.
¿Cómo operan y qué dice la ley? Al activar un jammer, los delincuentes anulan cualquier posibilidad de localización del vehículo, lo que impide que tanto las empresas de logística como las autoridades puedan rastrear la unidad en tiempo real. Esta «ceguera tecnológica» facilita que los autos sean llevados a bodegas o desmantelados sin dejar rastro.
La reforma legal establece que cualquier particular que posea un inhibidor de señal debe entregarlo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para su destrucción. El incumplimiento de esta norma, así como la portación o instalación de estos equipos, conlleva severas sanciones penales, buscando con ello cerrar el vacío legal que permitía el uso indiscriminado de tecnología que hoy fortalece al crimen organizado.
Fuente: SSPC / Diario Oficial de la Federación | © Redacción NoticiasPV