En el último año personal del Ejército mexicano ha asegurado poco más de 20 drones a lo largo del país
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Entre el arsenal del que disponen los grupos del crimen organizado en México -además de las armas de fuego- destacan los vehículos aéreos no tripulados, mejor conocidos como drones, los cuales son equipados para arrojar explosivos contra las autoridades y células rivales.
Al menos desde 2021 se ha tenido conocimiento del uso de drones con fines violentos. Esta táctica ha sido empleada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, las dos organizaciones delincuenciales con mayor capacidad de operación en el país, según reportes de Insight Crime.
Las entidades en las que se ha registrado una fuerte presencia de los grupos del narcotráfico es donde se usa con más frecuencia este tipo de artefactos. El objetivo: matener una vigilancia permanente del territorio, atacar a sus contrarios y desatar una ola de violencia que mantenga bajo alerta a las fuerzas armadas.
En ese sentido y de acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, Jalisco y Michoacán son los estados donde se ha reportado la mayor cantidad de drones decomisados en el último año.
“Aquí hemos informado sobre los aseguramientos de artefactos explosivos. Principalmente en Michoacán es donde los hemos ubicado. En Jalisco también ha habido unos eventos que han sido relevantes y retomados por la prensa nacional”, indicó Luis Cresencio en la mañana de este martes, tras ser cuestionado por medios de comunicación sobre el uso de drones en ataques armados.
Según informes de la Sedena, de 2022 a la fecha personal del Ejército decomisó 23 drones a lo largo del país. De este total, al menos 16 fueron asegurados en tierras michoacanas: 12 fueron encontrados en el municipio de Tepalcatepec, dos en Aguililla, uno en Apatzingán y uno más en Cotija.
Si bien el secretario de la Defensa no detalló la cantidad de drones decomisados en Jalisco, en ese estado también se han reportado ataques armados en los que se usa este tipo de dispositivos. Ejemplo de ello fue la noche del 22 de abril, cuando habitantes del municipio de Teocaltiche presenciaron un enfrentamiento entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
Las otras entidades en las que también han sido detectados son Guanajuato -donde los usaría el Cártel Santa Rosa de Lima-, Tamaulipas, Chiapas y San Luis Potosí, aunque en menor medida.
A principios de agosto, el Ejecutivo federal envió una iniciativa a la Cámara de Diputados en la que se propone establecer sanciones contra las personas que usen drones para arrojar explosivos. Lo anterior modificaría las disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Con ello se busca “prevenir, evitar y castigar” el uso de este tipo de aeronaves en actos delictivos, ya que pueden ser manipuladas a distancia, lo que dificulta el reconocimiento de los operadores. Sin embargo, el titular de la Sedena descartó este martes que en dicha inicativa se contemple regular la comercialización de drones, los cuales son de uso agrícola y provienen del continente asiático en su mayoría.
“El objetivo que se busca con esta iniciativa es tomar como base la práctica del empleo de drones para lanzar artefactos explosivos que dañan a la población y autoridades. Está centrada en establecer una penalidad a ese tipo de acciones”, detalló Cresencio Sandoval.