La iniciativa aprobada en lo general da voto permanente a Defensa y Marina en la Comisión de Inversiones Extranjeras, mientras la oposición advierte posibles efectos en la certidumbre.
Con una votación de 314 a favor y 117 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal para reformar la Ley de Inversión Extranjera, incorporando formalmente a las Fuerzas Armadas en los órganos de evaluación de capitales procedentes del exterior. La modificación legislativa establece que las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar) contarán con voz y voto permanente dentro de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), un mecanismo diseñado para blindar la infraestructura crítica y los sectores considerados estratégicos bajo criterios de seguridad nacional.
El nuevo esquema normativo aplicará filtros específicos a las adquisiciones de empresas mexicanas por parte de inversionistas extranjeros cuando la participación supere el 49 por ciento del capital social, los activos rebasen umbrales determinados y las operaciones involucren áreas sensibles como energía, minería, inteligencia artificial, ciberseguridad, almacenamiento de datos y telecomunicaciones. Además de las autoridades castrenses, la integración de la comisión se ampliará con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Transformación Digital, mientras que dependencias como la FGR, el CNI, el SAT y la UIF intervendrán con voz en asuntos de su competencia.
Durante el debate legislativo, los grupos parlamentarios de la mayoría oficialista defendieron la necesidad de otorgarle al Estado herramientas legales eficaces para proteger los recursos estratégicos y la soberanía tecnológica frente a operaciones que pudieran representar riesgos geopolíticos o de seguridad. Como sustento del dinamismo económico, los promotores recordaron que el país captó más de 34 mil 900 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026, argumentando que la regulación busca equilibrar la apertura comercial con la salvaguarda de instalaciones prioritarias.
Por su parte, los bloques de oposición integrados por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo absoluto al dictamen, advirtiendo que la inclusión de mandos militares con poder de decisión en materia económica genera una profunda incertidumbre jurídica para los mercados internacionales. Los legisladores inconformes cuestionaron que las secretarías castrenses participen en deliberaciones que exceden el ámbito estrictamente militar, señalando que la imposición de condiciones discrecionales y posibles sanciones de hasta 200 mil UMA inhibirá la llegada de nuevos capitales productivos al país.
Al concluir la discusión en lo general y tras desechar las reservas planteadas por las minorías parlamentarias, el dictamen fue remitido nuevamente al Senado de la República para que revise las modificaciones realizadas en la colegisladora. Con este paso, el proceso legislativo avanza hacia su ratificación definitiva, consolidando una de las reformas estructurales más relevantes en materia de control gubernamental sobre la inversión extranjera directa de los últimos años.
Fuente: Cámara de Diputados / Iniciativa del Ejecutivo Federal | © Redacción NoticiasPV
