La Secretaría de Seguridad de Jalisco abrió procedimientos de responsabilidad administrativa contra 17 uniformados tras los hechos registrados el 11 de octubre.
Las indagatorias en torno al operativo implementado el pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco concluyeron su primera fase, dando paso a la etapa de responsabilidad administrativa con la identificación formal de 17 elementos de seguridad señalados por presunto uso excesivo de la fuerza. El secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández González, confirmó que un total de 230 policías que participaron en las acciones de contención durante la manifestación ciudadana deberán comparecer obligatoriamente ante la Dirección de Asuntos Internos para rendir su declaración testimonial.
El funcionario estatal detalló que entre los expedientes bajo revisión se encuentran los casos de cinco mujeres que desempeñaban cargos de mando operativo durante la protesta. El procedimiento contempla un plazo legal de hasta 30 días naturales para que los involucrados presenten pruebas, testimonios y alegatos en su defensa, tras lo cual las instancias disciplinarias emitirán las resoluciones correspondientes para determinar las sanciones administrativas aplicables por la actuación de los uniformados.
Los hechos que motivaron estas indagatorias ocurrieron cuando colectivos y ciudadanos se manifestaban pacíficamente para exigir agua limpia ante las recurrentes fallas en el suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La protesta derivó en enfrentamientos luego de que los agentes antimotines dispersaran a los inconformes utilizando chorros de agua a presión y gases lacrimógenos, un proceder que fue reconocido públicamente como un abuso de autoridad por el gobernador Pablo Lemus días después de la conflagración.
Paralelamente, el secretario de Seguridad rechazó las críticas surgidas en torno a las recientes jornadas de entrega de agua en pipas en colonias afectadas por los tandeos, negando que se trate de una estrategia frívola de relaciones públicas para limpiar la imagen institucional tras la represión. Hernández González aseguró que las brigadas de proximidad social han sido recibidas favorablemente por los habitantes de las zonas vulnerables que resienten la escasez del recurso hídrico.
Las acciones disciplinarias y los programas de asistencia social se desarrollan en medio de un escrutinio social permanente sobre la actuación de las corporaciones policiales en el estado. Las autoridades reiteraron su disposición a colaborar con las instancias de control interno para esclarecer los hechos y garantizar que no queden impunes los excesos cometidos durante las protestas ciudadanas.
Fuente: Secretaría de Seguridad de Jalisco / Declaraciones institucionales | © Redacción NoticiasPV
