La trama de contrabando de combustible involucra a altos mandos y familiares cercanos, con cobros mensuales que alcanzan los 8 millones de pesos por oficial.
Una sombra de corrupción de dimensiones históricas se cierne sobre la Secretaría de Marina (Semar). De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y reportes periodísticos, se ha detectado una compleja red de huachicol fiscal en la que estarían involucrados al menos 34 marinos. Esta estructura criminal no solo habría facilitado el contrabando de combustible, sino que presuntamente pactó con grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación para el trasiego de drogas en puertos estratégicos.
La investigación cobró fuerza tras la difusión de un audio del contralmirante Fernando Guerrero Alcántar —asesinado en noviembre de 2024—, donde denunciaba ante el entonces secretario Rafael Ojeda Durán la existencia de este grupo, señalando incluso a sobrinos políticos del almirante como operadores clave. Según la columna «Los 34 marineros» de Raymundo Riva Palacio, la red operaba en aduanas críticas como Manzanillo, Veracruz, Altamira, Guaymas y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El costo de la traición: Sueldos de hasta 8 mdp mensuales
La operatividad de esta red dependía de una jerarquía de mandos que recibían «compensaciones» estratosféricas para permitir el paso de mercancías ilegales. Entre los nombres señalados destacan:
Contralmirante Marco Antonio Bandala (Manzanillo): Presuntamente percibía 8 millones de pesos mensuales.
Contralmirante Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba (Aduana CDMX): Habría cobrado 5 millones de pesos al mes.
Capitán Miguel Solano: Señalado como el recolector de recursos que concentraba el dinero en la capital para distribuirlo entre los implicados.
Se estima que la recaudación total de esta red superaba los 50 millones de pesos semanales. Además del contrabando de combustible, se investiga la infiltración en la Unidad Naval de Inteligencia para vigilar a civiles y militares sin autorización, así como el uso de unidades especiales de la Marina para brindar protección a células criminales. Aunque la institución ha negado irregularidades internas, la FGR mantiene abierta la causa penal, poniendo bajo la lupa la integridad de una de las instituciones más respetadas del país.
Fuente: FGR / Aristegui Noticias / Raymundo Riva Palacio | © Redacción NoticiasPV
