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WASHINGTON/NUEVA YORK
El fiscal general, Jeff Sessions, renovó este viernes su pedido de enjuiciar penalmente a quienes ingresan de manera ilegal a Estados Unidos.
Con ello se suma a una reciente serie de declaraciones sobre inmigración por parte de miembros del gobierno del presidente Donald Trump.
Señalando un aumento en los cruces fronterizos a niveles alcanzados durante el mandato del expresidente Barack Obama, Sessions comentó que estaba ordenando a las oficinas de los fiscales cerca de la frontera suroeste que prioricen las demandas contra infractores primerizos.
El anuncio se produjo días después de que el mandatario se comprometiera a desplegar la Guardia Nacional para reforzar la frontera, porque no ha podido obtener fondos para cumplir su promesa de campaña de construir un muro a lo largo del límite con México.
Una vez que los inmigrantes son acusados de entrada ilegal y deportados, pueden ser acusados de un delito grave que conlleve un periodo significativo de prisión si es que son detenidos cruzando ilegalmente de nuevo.
Sessions dio directivas a las oficinas de los fiscales en el sur de California, Arizona, Nuevo México y Texas para que procesen en la medida de lo posible todos los casos referidos bajo el estatuto de entrada criminal, conocido como 1325.
La directiva sigue a un memo emitido por Sessions en abril de 2017 instruyendo a los fiscales a enfocarse en acusar penalmente a quienes entraban de manera ilegal por primera vez más que en aquellos con varios ingresos.
Algunos fiscales federales, abogados defensores y jueces han expresado su preocupación de que acusar a inmigrantes en masa implique una sangría para los recursos judiciales.
Partidarios del enfoque de Sessions señalaron que las sanciones penales disuaden a los inmigrantes ilegales, mientras que los detractores dicen que los juicios pueden negar a los solicitantes de asilo legítimos la capacidad de presentar adecuadamente sus reclamos.
