La reasignación de tres mil millones de pesos provenientes del organismo electoral hacia esquemas de subsidio directo genera preocupación entre expertos en contaduría gubernamental.
La reestructuración del Presupuesto de Egresos ha generado serias advertencias por parte de especialistas en finanzas públicas y auditoría gubernamental, luego de confirmarse un recorte de seis mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), de los cuales la mitad fue canalizada directamente al programa federal La Escuela es Nuestra. Nicolás Domínguez García, presidente de la Comisión Técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México, señaló que este incremento presupuestal reactiva los temores sobre la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos entregados sin intermediarios a los comités escolares.
De acuerdo con los análisis sectoriales, el esquema de entrega de subsidios a fondo perdido —administrados directamente por madres, padres de familia y coordinados con apoyo de servidores de la nación— ha arrastrado un historial documentado de irregularidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Entre los principales focos rojos señalados en revisiones previas a la Cuenta Pública destacan la carencia de comprobantes fiscales fehacientes, montos duplicados y la asignación de apoyos a cuentas bancarias sin los registros normativos adecuados.
Puntos clave de las observaciones contables, los antecedentes de fiscalización y el impacto de la reasignación presupuestal aprobada:
– Reasignación de fondos: El presupuesto destinado a infraestructura escolar absorbió tres mil millones de pesos sustraídos de la partida operativa asignada originalmente al INE.
– Operación de comités: Los recursos son administrados de manera directa por comités comunitarios formados por padres de familia, los cuales carecen frecuentemente de capacitación técnica en contratación de obras.
– Antecedentes de la ASF: Informes de fiscalización de ejercicios anteriores documentaron anomalías por cientos de millones de pesos ante la falta de documentación comprobatoria en planteles.
– Supervisión institucional: Especialistas subrayan la necesidad de robustecer los mecanismos de rendición de cuentas para prevenir desvíos y minimizar riesgos de discrecionalidad política.
Las discrepancias en torno a la fiscalización de estos fondos mantienen bajo escrutinio la eficacia de los programas de entrega directa de subsidios frente a la exigencia de transparencia en el manejo del erario federal.
Fuente: Colegio de Contadores Públicos de México / Auditoría Superior de la Federación (ASF) | © Redacción NoticiasPV









