La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, criticó la propuesta del Ejecutivo Federal para crear una Comisión de Verificación, argumentando que obligar al instituto a juzgar la probidad de los aspirantes lo colocaría en el centro de la disputa política.
El diseño normativo de los procesos electorales y las facultades de fiscalización de los aspirantes a cargos de elección popular entraron en un proceso de revisión institucional. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, manifestó su rechazo a las modificaciones legales promovidas por el Ejecutivo Federal destinadas a instaurar una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, argumentando que dichas disposiciones comprometerían los principios de neutralidad e imparcialidad que rigen al organismo.
En un encuentro informativo con los medios de comunicación, la funcionaria electoral precisó que la iniciativa presidencial alteraría la naturaleza técnica del órgano al transformarlo en juez y parte dentro de las contiendas políticas. Taddei Zavala argumentó que obligar al cuerpo colegiado a emitir juicios de valor o dictaminar de forma unilateral sobre la solvencia moral y probidad de los ciudadanos que buscan postularse vulneraría la separación funcional y expondría de manera innecesaria a la autoridad frente a los partidos políticos.
De acuerdo con los lineamientos presentados previamente por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el mecanismo propuesto faculta al INE a requerir expedientes analíticos ante dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR). El propósito del protocolo consiste en emitir opiniones técnicas a las fuerzas políticas sobre si un aspirante presenta un «riesgo razonable» de sostener nexos con redes de la delincuencia organizada antes de formalizar sus registros.
La iniciativa, cuyo desahogo legislativo está proyectado para someterse a debate en un periodo extraordinario de sesiones dentro del Congreso de la Unión, contempla que esta comisión interna esté conformada por cinco consejeros con mandatos de tres años. Pese a que el dictamen gubernamental sitúa la responsabilidad final del registro en las dirigencias de los partidos, la presidencia del instituto insistió en mantener los márgenes de operación actuales para evitar que la estructura electoral sea utilizada como un instrumento de presión o disputa partidista.
Fuente: INE | © Redacción NoticiasPV
