La consejera provisional Blanca Cruz afirmó que el instituto evaluará dar parte a las autoridades competentes tras revisar las irregularidades administrativas heredadas.
Ante las múltiples observaciones sobre presuntos actos de opacidad y conflicto de interés durante la administración pasada, la consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, aclaró que el organismo autónomo carece de facultades legales para iniciar investigaciones ministeriales directas en contra de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. No obstante, advirtió que el pleno del Consejo General mantiene en análisis la posibilidad de dar vista formal a las instancias fiscalizadores si los hallazgos internos así lo ameritan.
En conferencia de prensa, Cruz García explicó que el seguimiento a las conductas indebidas recae de manera exclusiva en el Órgano Interno de Control (OIC) del INE y en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancias ante las cuales el instituto mantendrá una política de puertas abiertas para facilitar el acceso a la documentación requerida y garantizar la preservación del acervo institucional. “¿Qué sí vamos a hacer? Facilitar que las investigaciones se hagan, entregar toda la información y cuidar la preservación de todo el archivo”, puntualizó la funcionaria electoral.
La consejera provisional detalló que los diez integrantes del órgano colegiados acordaron realizar una revisión exhaustiva en materia administrativa para esclarecer el manejo de recursos y la asignación de contratos bajo la gestión anterior. Sostuvo que, de encontrarse anomalías financieras o violaciones a la normatividad, el cuerpo colegiado determinará en breve las acciones legales conducentes para deslindar responsabilidades y turnar los expedientes a las autoridades competentes.
Las declaraciones de la dirigencia interina ocurren en un contexto de intensa presión política y legislativa para sanear las finanzas del árbitro comicial y restaurar la credibilidad institucional tras los escándalos de adjudicaciones directas a redes de proveedores allegados a la pasada administración. Con estas medidas, el Consejo General busca marcar distancia frente a los cuestionamientos operativos que afectaron la imagen del instituto durante el anterior periodo directivo.
Las auditorías internas continuarán desarrollándose en las próximas semanas, mientras el bloque de consejeros evalúa los mecanismos jurídicos para formalizar las denuncias necesarias. El proceso de revisión administrativa se perfila como un paso clave para cerrar el capítulo de controversias y garantizar la transparencia de cara a los próximos compromisos comiciales del país.
Fuente: Conferencias de prensa del INE / Órgano Interno de Control | © Redacción NoticiasPV