Pese a las denuncias de violencia y cobros impagables «gota a gota», ocho colombianos detenidos en Guadalajara y Zapopan no pisarán la cárcel; el Estado admite incapacidad para procesarlos por falta de «denuncias formales».
La justicia en Jalisco vuelve a quedar en entredicho. En una muestra de la fragilidad del sistema penal y la incapacidad de las autoridades para proteger a las víctimas de extorsión, la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) confirmó que ocho ciudadanos colombianos, vinculados a los violentos esquemas de «préstamos gota a gota» y «rifas colombianas», no enfrentarán juicio alguno. En lugar de ser procesados por los delitos que se les atribuyen, simplemente serán deportados por irregularidades migratorias.
El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández González, justificó esta medida señalando que, aunque existen múltiples denuncias ciudadanas anónimas que los señalan como generadores de violencia en zonas comerciales de Guadalajara y Zapopan, no hubo flagrancia ni existen denuncias formales ante la Fiscalía. Con esto, el brazo de la justicia estatal se dobla, limitándose a un trámite administrativo de expulsión a través del Instituto Nacional de Migración (INM).
El fracaso de la «pinza» legal
A principios de 2026, el Gobierno de Jalisco anunció operativos interinstitucionales para erradicar estas redes criminales que cobran intereses leoninos bajo amenazas de muerte. Sin embargo, el resultado de estas retenciones, iniciadas el pasado 7 de enero, evidencia un vacío legal:
Sin castigo penal: Al no haber un señalamiento directo de una víctima cara a cara en el Ministerio Público, los detenidos son entregados al INM.
Retorno sin antecedentes: Los implicados regresarán a su país de origen con «todas las consideraciones», sin que se les finque responsabilidad por las extorsiones cometidas en territorio jalisciense.
El miedo gana: La autoridad admite que la ciudadanía prefiere la denuncia anónima al 089 por temor a represalias, pero ese mismo miedo es el que impide que la Fiscalía tenga elementos para encarcelarlos.
Un sistema que revictimiza
Hernández González insistió en que los operativos no son actos de discriminación, sino tareas de «acompañamiento» al INM. No obstante, para la sociedad civil, esto representa una puerta giratoria donde los criminales solo reciben un boleto de avión de regreso a casa, mientras las víctimas permanecen con la deuda y el temor de que otros ocupen su lugar.
La Secretaría de Seguridad afirma que busca «cerrar la pinza» ofreciendo acompañamiento y asesoría para que las personas se atrevan a denunciar ante la Fiscalía de Jalisco. Sin embargo, mientras el sistema exija que el ciudadano se ponga frente a frente con su extorsionador para que haya justicia, las calles seguirán siendo terreno fértil para el «gota a gota».
Fuente: Secretaría de Seguridad de Jalisco/ Fiscalía del Estado de Jalisco | © Redacción NoticiasPV