Ibero entrega 15 recomendaciones de seguridad a Claudia Sheinbaum para Michoacán

El programa de Seguridad Ciudadana de la universidad propone medidas para reducir la violencia tras el asesinato del alcalde de Uruapan.

infobae.com

El Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (Ibero), orientado a la investigación colaborativa entre estudiantes y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de reducir la violencia en México, emitió una serie de recomendaciones en respuesta a la consulta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre alternativas viables luego del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

Estas acciones se enmarcan en el contexto de la presentación el pasado domingo 9 de noviembre del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que consta de 12 ejes y más de 100 iniciativas, respaldada por un presupuesto superior a 57 mil millones de pesos.

El Programa de Seguridad Ciudadana destaca que “la crisis de violencias, delincuencia e impunidad no se detendrá mientras este pasivo no sea resulto”. Añade que la seguridad “sostenible” está vinculada a la priorización de municipios de atención, así como a la transformación de la participación ciudadana en un “pilar estratégico para superar la crisis”.

Las recomendaciones del programa subrayan la importancia de involucrar activamente a la sociedad civil y estructurar respuestas integrales que atiendan tanto la prevención como el fortalecimiento institucional en los diferentes municipios afectados.

Las sugerencias se realizaron en dos bloques; diez para los municipios y las otras cinco son para el Gobierno Federal:

1. Identificar mejores prácticas municipales:

Crear un consejo con directivos de municipios diversos para generar análisis y validar recomendaciones sobre seguridad, participación ciudadana, juventud y gestión pública local.

2. Diagnóstico nacional de factores de violencia y riesgos:

Elaborar un diagnóstico integral sobre violencia homicida, feminicida, infantil, vial y rural; considerando armas, economías ilegales, pobreza, marginación y violencia de género.

3. Supervisión ciudadana del SNSP:

Entidad externa para realizar auditorías sobre recursos, resultados e impacto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo el papel de municipios y asociaciones de alcaldes.

4. Política criminal y autonomía de fiscalías:

Diseñar una política criminal coordinada entre laboratorios, policías y poderes judiciales; fortalecer la autonomía de fiscalías y crear indicadores públicos de avance.

5. Políticas integradas y evaluación cooperada:

Implementar un enfoque federal de evaluación con centros piloto y laboratorios nacionales, con apoyo académico y desarrollo de indicadores sociales y de seguridad.

Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana compartió recomendaciones para el gobierno estatal:

1. Identificar y compartir buenas prácticas locales. Proponer la creación de un consejo asesor científico e independiente encargado de reconocer, evaluar y difundir experiencias exitosas en materia de seguridad y justicia a nivel municipal. Este órgano debe sistematizar y compartir dichas prácticas a través de plataformas pedagógicas nacionales, coordinadas por el Secretariado Ejecutivo del SNSP y la Conferencia Municipal de Seguridad Pública.
2. Adoptar enfoques de sostenibilidad. Rediseñar las políticas municipales de seguridad, convivencia y justicia con base en cuatro pilares que garanticen su permanencia y eficacia:a) enfoque integral que considere causas estructurales de la violencia, incluyendo la de género;b) planeación presupuestal de largo plazo;c) fortalecimiento de capacidades institucionales; yd) presencia territorial efectiva y continua.
3. Incorporar fundamentos esenciales.Toda estrategia local debe sostenerse en:a) respeto y promoción de los derechos humanos, con perspectiva de género e interculturalidad;b) impulso a la cultura de paz y la ciudadanía activa;c) actualización tecnológica constante; yd) fortalecimiento del talento humano y profesionalización del personal de seguridad y justicia.
4. Realizar diagnósticos integrales.Elaborar diagnósticos municipales, tanto cuantitativos como cualitativos, en alianza con la ONU, universidades, organizaciones civiles y colectivos de víctimas. Dichos estudios deben analizar:a) dinámicas delictivas (delincuencia común y mercados criminales);b) patrones de violencia, especialmente los feminicidios y la violencia doméstica; yc) factores territoriales y sociales que inciden en la inseguridad.
5. Definir componentes básicos de actuación.Asegurar que toda política municipal contemple al menos los siguientes elementos:a) prevención social y comunitaria;b) modelo policial de proximidad;c) inteligencia e innovación tecnológica;d) infraestructura para el control territorial;e) acceso efectivo a la justicia y mecanismos de resolución de conflictos;f) programas de reinserción social; g) rendición de cuentas como eje transversal; y h) participación ciudadana y corresponsabilidad social.
6. Fortalecer redes regionales de respuesta. Consolidar estructuras metropolitanas y regionales que promuevan la cooperación y el intercambio de buenas prácticas. Cada experiencia exitosa debe convertirse en modelo replicable para otros municipios.
7. Articular el trabajo con fiscalías. Impulsar mecanismos que garanticen la coordinación entre fiscalías y autoridades municipales de inteligencia e investigación, con el propósito de prevenir y erradicar delitos graves, entre ellos los feminicidios, y desmantelar redes criminales locales.
8. Crear instancias de coordinación política y operativa. Establecer oficinas bajo la dirección directa de las alcaldías que aseguren la coherencia entre las decisiones políticas y la ejecución de estrategias de seguridad y justicia.
9. Implementar mecanismos de supervisión ciudadana externa. Promover reformas y recursos para crear órganos ciudadanos que evalúen resultados, presupuestos e impactos de las políticas locales. Estas entidades deben estar integradas por especialistas independientes, elegidos mediante consulta pública y voto del cabildo.
10. Consolidar observatorios ciudadanos. Fomentar la participación de universidades, colectivos de víctimas, organizaciones civiles e instituciones religiosas en la creación de observatorios que monitoreen la seguridad municipal, con especial énfasis en la violencia feminicida y de género. Los informes resultantes fortalecerán la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.