El análisis de inteligencia criminal permitió rastrear comunicaciones y mapear la estructura de una red que opera en puntos clave del país
La Fiscalía General de la República (FGR) ha revelado la existencia de una red de contrabando de combustibles que involucra al menos 555 empresas y ocho puertos mexicanos estratégicos.
Esta operación, que abarca desde la importación ilegal hasta la falsificación de documentos, puso bajo escrutinio a altos funcionarios y ha expuesto un entramado empresarial con presencia en múltiples estados del país.
De acuerdo con el análisis realizado por el Centro Federal de Inteligencia Criminal, la FGR identificó que estas empresas operan en puertos clave como Altamira (Tamaulipas), Veracruz (Veracruz), Ensenada (Baja California), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Guaymas (Sonora), La Paz (Baja California Sur), Cancún (Quintana Roo) y Mazatlán (Sinaloa). Los expedientes de vinculación a proceso de varios detenidos por tráfico ilegal de combustibles detallan cómo estas terminales marítimas se convirtieron en puntos neurálgicos para el llamado huachicol fiscal.
La importancia de estos puertos radica en su función como puertas de entrada y salida de hidrocarburos. Un documento de la FGR citado por EL UNIVERSAL, fechado el 11 de junio y citado por el señala que las redes de contrabando mantenían control sobre estas instalaciones, facilitando la importación y distribución ilícita de combustibles.
En particular, el puerto de Veracruz destaca por maniobras repetidas de descarga de hidrocarburos con documentación apócrifa, mientras que Lázaro Cárdenas fue utilizado para desembarcar producto pese a no contar con la infraestructura adecuada para ello.
Modus operandi, una red que implica cientos de empresas a nivel internacional
El análisis de la FGR describe dos principales métodos de operación. El primero consiste en la compra de combustibles en Estados Unidos, su importación a México y la posterior venta a empresas que distribuyen el producto a precios inferiores al mercado nacional.
Para simular la legalidad de estas transacciones, los implicados utilizan pedimentos de importación clonados y facturas alteradas. Además, el transporte del combustible se realiza mediante empresas que carecen de los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), utilizando documentos sin los datos requeridos o con registros cancelados al llegar a destino.
El segundo método detectado implica la llegada de embarcaciones al puerto de Veracruz, donde empresas gasolineras descargan hidrocarburos sin acreditar su origen legal.
Si no logran desembarcar la totalidad del producto, las embarcaciones regresan a mar abierto y repiten la operación con nueva documentación falsa. Cuando esto no es posible, el combustible se traslada a Lázaro Cárdenas, a pesar de las restricciones técnicas del puerto.
Implicación de altos funcionarios y entramado empresarial
La investigación también ha alcanzado a altos mandos militares. Entre los 13 sujetos contra quienes se giró orden de aprehensión el 19 de agosto de 2025 figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
Farías Laguna permanece en el penal de El Altiplano, acusado de delincuencia organizada. Según la causa penal, se identificaron 13 mil 273 registros de comunicaciones vinculadas a su persona, con coordenadas cercanas a aduanas en Ensenada, Guaymas, Manzanillo y Veracruz, durante el periodo de julio de 2023 a junio de 2025.
El entramado empresarial detectado por la FGR abarca firmas como Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Era Tech Combustibles, Transportadora del Pacífico y del Golfo de México y Grupo Potesta, entre otras.
Estas compañías se agrupan en diferentes categorías: importadoras, comercializadoras, transportistas, gasolineras y factureras. Además, la lista incluye personas físicas como Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como “El Mono Muñoz”, Karina Melissa Guerrero Rodríguez, Leonel Guadalupe Jiménez Pérez, Miguel A. Lazalde, Marissa del Carmen Meras López, Luis Javier Muñoz Ayup y Gerardo Garza Melo.
Alcance nacional y técnicas de investigación
El fenómeno del huachicol fiscal tiene un alcance nacional. Las empresas señaladas por la FGR se ubican en entidades como Estado de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco.
El análisis resalta que, de las 555 empresas identificadas desde 2021, al menos 108 se dedican a la importación, exportación, comercialización, distribución, venta y adquisición de combustibles, muchas de ellas con antecedentes de irregularidades como la falta de permisos, ventas a precios por debajo del mercado, alteración de dispositivos electrónicos de venta y emisión de facturas incongruentes.
Las técnicas de investigación judicial han sido clave para desentrañar la red. La FGR, mediante la técnica 692/2025-I autorizada en abril de 2025, rastreó 101 números telefónicos asociados a empresas y personas físicas, identificando patrones de comunicación en las inmediaciones de aduanas y puertos marítimos.
En uno de los casos, se detectaron mil 126 registros de comunicaciones con coordenadas cercanas a siete aduanas, lo que permitió mapear la actividad de los implicados en puntos críticos para la importación y exportación de hidrocarburos.
