La designación de la funcionaria en el Poder Judicial de Hidalgo genera rechazo tras sus antecedentes de discriminación contra un menor en el Inhide.
El nombramiento de Fátima Lorena Baños Pérez al frente del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial de Hidalgo ha provocado una fuerte reacción de la sociedad civil. La familia de Daniel, un menor con Síndrome de Down que fue discriminado en 2018, calificó la designación como una falta de ética y un retroceso en derechos humanos.
Un historial de exclusión
Cuando Baños Pérez dirigía el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), el menor fue separado de sus clases de natación bajo el argumento de que «los discapacitados tienen que estar con los discapacitados». El caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la CNDH, instancias que confirmaron la violación a los derechos del niño y la falta de ajustes razonables para la inclusión.
Puntos críticos del nombramiento:
Precedente penal: Baños fue la primera funcionaria estatal vinculada a proceso por el delito de discriminación.
Reparación del daño: Los familiares denuncian que la disculpa pública fue privada y que las capacitaciones en derechos humanos las cursó en una escuela propiedad de su propio padre.
Perfil profesional: Se cuestiona su falta de carrera judicial para dirigir el organismo encargado de formar a quienes imparten justicia en el estado.
Neptalí Reyes, padre del menor, señaló que es alarmante que una persona con antecedentes probados de discriminación sea la encargada de dictar la línea pedagógica sobre grupos vulnerables. Organizaciones sociales se han sumado al llamado para cuestionar la idoneidad de Baños en un cargo que exige máxima honorabilidad.
Fuente: Redes Sociales | © Redacción NoticiasPV