CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- El proceso electoral en la entidad previo a los comicios de este domingo 1 de julio, se desarrolló en un contexto de impunidad y violencia extrema donde una treintena de políticos fueron ejecutados y al menos 41 candidatos recibieron protección, a través de un centenar de policías estatales habilitados de manera irregular como escoltas.
A este número de agentes, se suman los 525 policías estatales que en lugar de cumplir sus funciones de investigar y prevenir los delitos, están también desempeñan funciones de guardias asignados a familiares de políticos, empresarios, funcionarios y exgobernadores en la entidad.
En tanto que al menos 514 candidatos decidieron renunciar por presiones o efectos de la narcoviolencia y 450 fueron sustituidos por intereses de partido, indican reportes oficiales.
De acuerdo a un informe del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), se registraron 8 mil 847 candidatos para contender por los 80 ayuntamientos y 28 distritos locales, de los cuales 4 mil 488 son mujeres y 4 mil 359 son hombres.
Además, del total de los candidatos, 36 de ellos buscan la reelección, la mayoría en las alcaldías y también participan siete candidatos independientes en ayuntamientos y dos para diputados locales.
Durante la funesta administración del mandatario priista Héctor Astudillo Flores, quien prometió “orden y paz”, se han documentado más de seis mil homicidios dolosos de 2015 a la fecha, así como un número indeterminado de desaparecidos y más de tres mil desplazados de la zona amapolera de la Sierra donde el narco disputa el control de la franja minera y la producción de heroína.
En este contexto de terror y muerte que refleja el fracaso de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, destaca el hecho de que en la entidad operan 18 grupos delincuenciales en las siete regiones de Guerrero, donde mantienen el control de territorios completos, a través de 20 organizaciones armadas “vinculadas con el narco” y denominadas como “policías comunitarias” y “grupos de autodefensa expandidos” en 40 de los 81 municipios que conforman la entidad.
Este es el mapa geodelincuencial del gobierno de Astudillo donde los grupos de autodefensa y las organizaciones crimínales plenamente identificadas mantienen retenes en vías de comunicación federales y controlan territorios completos donde disputan el control de las ganancias de la industria minera y las zonas de producción, tráfico y venta de estupefacientes en la entidad.
En este escenario de terror, muerte, violencia y zonas silenciadas porque están suspendidas las garantías de libre tránsito y libertad de expresión de la sociedad, se realiza el proceso electoral para elegir al Presidente de la República, tres senadores, nueve diputados federales, 28 legisladores locales y 80 alcaldes.
En contraste, el gobierno de Astudillo se dedicó a utilizar sus cuentas oficiales de Twiter y Facebook para difundir mensajes de odio, hacer promoción electoral y difundir propaganda gubernamental en diferentes medios de comunicación plena veda impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En tanto, las autoridades electorales han asumido una actitud omisa frente a estos hechos sancionados por la normatividad y minimizado la situación de violencia que ha caracterizado este proceso electoral.
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