El caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa reabre el debate sobre la infiltración criminal en las instituciones; Tabasco y Jalisco también han enfrentado procesos contra altos funcionarios por nexos con cárteles.
Los recientes señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la administración de Rubén Rocha Moya en Sinaloa no representan un caso aislado en la política mexicana. Diversos gobiernos estatales y locales han sido blanco de acusaciones que los vinculan directamente con estructuras delictivas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Uno de los antecedentes más críticos es el de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López. Bermúdez, apodado ‘El Comandante H’, fue extraditado a México tras ser detenido en Paraguay, enfrentando cargos por desaparición forzada y vínculos con «La Barredora», una célula operativa del CJNG. En Jalisco, el Operativo Enjambre llevó a la captura de Diego ‘N’, alcalde de Tequila, junto a sus directores de Seguridad y Obras Públicas, señalados de operar una red de corrupción y extorsión contra la industria tequilera y cervecera.
Actualmente, el foco internacional se encuentra sobre Sinaloa. El fiscal federal Jay Clayton, del Distrito Sur de Nueva York, encabeza la investigación que vincula a Rocha Moya y nueve funcionarios de alto nivel con la facción de «Los Chapitos». La acusación sostiene que el gobierno estatal habría facilitado información sensible y protección para el tráfico de fentanilo, heroína y cocaína a cambio de sobornos y respaldo político. Aunque la Embajada de Estados Unidos en México ha respaldado estas imputaciones, el gobernador Rocha Moya ha rechazado tajantemente los cargos, calificándolos como un ataque sin fundamentos contra su movimiento político.
Fuente: EFE / Quadratín / Fiscalía General del Estado | © Redacción NoticiasPV
