La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó sanciones que van desde suspensiones temporales hasta inhabilitaciones por una década y multas económicas en dependencias como CFE, ISSSTE, SAT, Pemex y el Banco del Bienestar.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, confirmó la imposición de sanciones administrativas contra 17 servidores públicos adscritos a diversas dependencias e instituciones federales, tras comprobarse su responsabilidad en faltas graves y no graves cometidas en el ejercicio de sus funciones. La medida incluye destituciones, suspensiones temporales e inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos de hasta por 10 años, además de multas económicas.
Las determinaciones legales, avaladas en coordinación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), alcanzaron a personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde dos trabajadores de la zona Tacuba fueron inhabilitados cuatro años por exigir cobros indebidos de 70 mil pesos a un usuario. Asimismo, en el ISSSTE Campeche se dictó una inhabilitación por una década y una multa de 180 mil pesos a un empleado que usurpó la profesión de licenciado en Nutrición con documentación apócrifa para percibir sueldos no correspondientes.
Entre los organismos afectados también figura el Banco del Bienestar, con un trabajador sancionado dos años por realizar movimientos irregulares en cuentas ajenas, y la Secretaría de Salud, donde se inhabilitó a una funcionaria por favorecer a familiares en contrataciones. En el caso del SAT, dos auditores en Baja California recibieron suspensión por irregularidades en sellos digitales, mientras que tres integrantes de la Guardia Nacional fueron destituidos por presentar certificados falsos de bachillerato, insumo necesario para la portación de armamento.
La lista de dependencias con sanciones abarca además a Pemex, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). En estos rubros se detectaron anomalías como pagos no autorizados por 24 millones de pesos, transferencias indebidas por 2 millones y omisión en el reporte de ausencias laborales, aunque las autoridades señalaron que los señalados mantienen a salvo su derecho a impugnar la resolución.
Fuente: SABG | © Redacción NoticiasPV