Gilda Lozoya: las maniobras financieras para blanquear los sobornos de su hermano

7 julio, 2026

Las indagatorias de las autoridades federales exponen cómo la imputada utilizó empresas fachada y paraísos fiscales para triangular millones de dólares ilícitos.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bajo la lupa judicial a Gilda Susana Lozoya Austin, identificada dentro de las carpetas de investigación como la operadora financiera principal encargada de ocultar y blanquear los recursos de procedencia ilícita obtenidos por su hermano, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. De acuerdo con el ministerio público federal, la imputada diseñó y ejecutó una compleja red de triangulación bancaria internacional para desvanecer el rastro de los 3.5 millones de dólares que la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) pagó como soborno para concretar la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados.

El esquema delictivo comenzó a operar mediante transferencias electrónicas desde las cuentas de la siderúrgica hacia la firma Tochos Holding Limited, una corporación fachada con sede en las Islas Vírgenes Británicas, catalogada como paraíso fiscal. Los informes de auditoría forense revelan que una vez que los fondos estuvieron depositados en la Unión de Bancos Suizos, Emilio Lozoya cedió formalmente la titularidad jurídica y los derechos de dicha cuenta a su hermana Gilda Susana, con el objetivo de desligarse formalmente del dinero antes de asumir su cargo en el gabinete federal.

Con el control absoluto de los fondos, la indiciada comenzó a dispersar los 3.5 millones de dólares hacia múltiples cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales dentro del territorio mexicano. Entre los movimientos financieros clave detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra el pago directo para la adquisición de una lujosa residencia valuada en más de 51 millones de pesos en la zona de Lomas de Bezares, inmueble que ya fue recuperado por la federación mediante un juicio de extinción de dominio en mayo de 2026. Con estos elementos, la representación social buscará su vinculación formal a proceso por lavado de dinero.

Fuente: FGR / UIJF | © Redacción NoticiasPV

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