Frenón a las reformas en materia de justicia

El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, llegaron a la Junta de Coordinación Política del Senado poco antes de las 10:30 horas y le dijeron a Monreal que no había consenso en torno a las ocho iniciativas de ley y una de reformas a 14 artículos de la Constitución, que iban a entregar ese día.

“En buen ánimo, en buen talante, me comentaron que ya estaban listos –dice Monreal en entrevista–. Sin embargo, percibí que todavía había alguna opinión divergente de la Secretaría de Seguridad Pública. En ese sentido, ellos prefirieron allanarse y atender las diferencias y esperarse al mes de febrero a presentar todo el paquete legislativo.”

Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ni siquiera asistió al Senado, a pesar de que había confirmado su participación en la entrega del paquete.

“Estaban invitadas cuatro personalidades: el fiscal general, el consejero jurídico, la secretaria de Gobernación y el secretario de Seguridad Pública. Los cuatro habían confirmado.

“Yo hablé personalmente con todos, con Alfonso Durazo hablé por teléfono el jueves o el viernes de la semana antepasada y estaba confirmado”, asegura Monreal.

El exgobernador de Zacatecas afirma que también se decidió abrir un compás para escuchar las propuestas del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar –quien no fue invitado a la presentación– porque “era incorrecto e inconveniente que se plantearan reformas al Poder Judicial sin el Poder Judicial”.

Y agrega: “Yo ya había hablado con el presidente de la Corte y le había ofrecido en el Senado que ellos plantearan también su propio paquete de reformas al Poder Judicial y queríamos honrar la palabra todos”.

Un día antes, el martes 14, se filtraron borradores de dos nuevas leyes: la Nacional de Cultura y Justicia Cívica y el Código Penal Nacional, además de iniciativas de reformas a seis leyes: Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Amparo, Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, así como una iniciativa de reforma constitucional a 14 artículos en materia de justicia y procedimientos penales.

Los borradores causaron polémica en la opinión pública. Se habló de una contrarreforma que contenía iniciativas de ley claramente inconstitucionales. Entre otras cosas, las reformas a la Constitución que se conocieron amplían la figura de arraigo –cuestionada por la ONU– a todos los delitos, eliminando la restricción de su aplicación a casos de delincuencia organizada; autorizan la intervención de cualquier comunicación privada en materias de carácter fiscal y electoral, y permiten el uso de pruebas obtenidas ilícitamente en algunos casos, pese a que en el sistema procesal penal mexicano se considera como regla general su exclusión.

Además, en la Ley de la FGR se dan amplias facultades de investigación al fiscal y se quitan atribuciones a la SSPC, al permitirle comandar a la Guardia Nacional y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, con la creación de una unidad de inteligencia dentro de la FGR para el análisis financiero.

Esos borradores circularon en redes sociales, en medios de comunicación y entre los mismos senadores. A las 18:30 horas del martes 14, Monreal publicó en su cuenta de Twitter que el “paquete legislativo sobre procuración de justicia que se presentará mañana (miércoles 15) al Senado será conocido hasta ese momento, por ahora, lo que se exprese es mera especulación”.