Foro permanente contra desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad

Comunicado/ El reconocido promotor de la paz y defensor de derechos humanos, el Mtro. Alfredo Rojas Díaz Durán, vocero del Foro contra desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad, encabezó la III Jornada contra la Impunidad frente a las instalaciones de la oficina del titular de la Procuraduría General de la República y que junto con otros colectivos, demandaron justicia para los casos irresolutos de periodistas, activistas y feminicidios.

Alfredo Rojas aclaró que existen infinidad de casos de agresiones terribles en contra de periodistas y activistas para pretender silenciar tanto la libertad de expresión, como la aplicación de la justicia a lo largo de todo el territorio nacional y quienes se han atrevido a levantar la voz y denunciar una actos ilegales o una violación a los derechos humanos, son perseguidos, criminalizados y en otras ocasiones, son privados de su libertad, encarcelados, obligados a cambiar de domicilio, o incluso son víctimas de mutilación, o son víctimas de un desplazamiento forzado, una ejecución o se encuentran como desaparecidos.

El luchador social explicó que esta problemática afecta a nuestro país pero no se ha documentado correctamente desde el Estado. Sin embargo, se tiene documentado que en América Latina han asesinado desde el año 2000 a la fecha, más de 1,300 activistas y más de 900 defensores de derechos humanos se encuentran amenazados de muerte por ejercer la defensa de los derechos humanos o de la Madre Tierra.

Alfredo Rojas dijo que en nuestro país se pretende esconder la realidad de lo que pasa con periodistas pero en particular con los activistas a raíz de que el crimen organizado se ha consolidado como el cuarto poder y tiene amplios tentáculos en las diferentes estructuras del Estado.

El defensor de derechos humanos, Alfredo Rojas nos explicó que estos fenómenos se incrementaron cuando en el vecino país el crimen organizado modificó el intercambio de drogas por dinero, provocando que el Estado mexicano lo único que hiciera fuera el de facilitar el lavado de dinero, la importación y distribución de toneladas de armas al crimen organizado a través del Programa Rápido y Furioso y la el empoderamiento del crimen organizado en áreas productivas como la minería, la tala ilegal, la explotación laboral, sexual y del medio ambiente; el cultivo de drogas, la ganadería y otras áreas.

El maestro profundizó el análisis argumentando que al incrementarse estas operaciones ilegales algunos periodistas y muchos activistas, unos denunciando y otros encabezando la protesta o demandando la aplicación de la ley o el respeto a los derechos humanos, han sido víctimas de persecución, encarcelamiento o privación de su vida por el hecho de haber denunciado o defendido a las víctimas de actos ilícitos que cada día son más violentos y que se presentan con mayor intensidad y frecuencia.

Esto ha provocado dos cosas; una escalada de violencia en contra de la sociedad en general y en contra de periodistas y activistas en particular quienes denuncian o encabezan estas prácticas ilegales. Sin embargo, puntualizó el defensor de derechos humanos ha sido una lamentable actitud la del Estado mexicano, no solo la de dejar en la impunidad los actos de ejecución o desaparición, sino que ha pretendido ocultar, distorsionar y criminalizar a muchos de los activistas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente o que se oponen a la consolidación del narcoEstado.

Por lo que durante la III Jornada contra la Impunidad, el promotor de la paz y defensor de los derechos humanos, demandó al procurador general de justicia que se signe un compromiso para que se aperture conjuntamente un portal digital en el será enriquecido con información de las mismas víctimas, familiares de las víctimas, o bien por las organizaciones no gubernamentales o sociales de las que los activistas realizan sus actividades e informen y proporcionen a ese portal el status en que se encuentra el activista o el periodista. Es una obligación ética del Estado diferenciar entre caídos por la disputa de organizaciones del crimen organizado y defensores de derechos humanos.

Sentenció Rojas que debemos erradicar esa premisa perversa del Estado de que no se puede distinguir entre un activista y un criminal y las víctimas deben de aportar la información e informar a la opinión pública mundial el status en que se encuentran e identificar si están presos, están huyendo, si fueron amenazados y qué tipo de amenaza recibieron; si están presos, o si huyeron de su seno familiar, si los corrieron de su fuente de trabajo, si sufrieron un proceso ilegal o una violación al debido proceso; si fueron secuestrados, torturados o mutilados; o bien si alguno fue ejecutado o incluso, se encuentra en calidad de desaparecido.
Alfredo Rojas Díaz Durán indicó que con este portal podremos tener un panorama real de la situación que guardan los activistas.

                                                         
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