El Gobierno Federal inició la búsqueda de funcionarios involucrados en casos de flagelo. De acuerdo con cifras oficiales, entre 2013 y 2019 se integraron a 4 mil 941 expedientes por ese delito
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En instituciones de prevención del delito y seguridad se inició la búsqueda de servidores públicos que apliquen o hayan participado en actos de tortura.
De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2013 y 2019 se integraron cuatro mil 941 expedientes por casos de tortura; sin embargo, en ese periodo sólo se dictaron 45 sentencias por este delito.
Es por ello que se puso en operación el primer Programa Nacional contra la Tortura, y una de sus acciones principales es sistematizar la información para establecer los patrones y perfiles de los torturadores en México.
El titular de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Santana Ángeles señaló que se trabaja en el Consejo de Seguimiento y Evaluación con dos comités, uno es para elaborar informes que permitan brindar seguimiento al combate de tortura y emitir recomendaciones, y el otro es para identificar patrones y perfiles de torturadores.
GRÁFICO: EL HERALDO DE MÉXICO
“Primero el que va a impulsar a las dependencia del gobierno federal a evitar que exista la tortura dentro de la actual administración”, expuso el funcionario federal.
La Segob, las fiscalías General de la República y las estatales, con apoyo de organismos públicos de derechos humanos buscan establecer los patrones y perfiles de los torturadores en el país, para reconocerlos y erradicarlos.
“Un segundo comité que va articular a todas las fiscalías, a la general y la de los estados, para evitar que la tortura se siga dando de manera sistemática”, explicó.
Adicionalmente, las organizaciones civiles que elaboraron el informe sombra acerca de la tortura en el nuestro país participaron en la elaboración de este instrumento de seguimiento para identificar patrones de torturadores y evitar que desde el gobierno se genere esa práctica.
La finalidad es que con este instrumento se detectan los patrones perfiles de quienes emplearon o utilizaron la tortura desde las instituciones gubernamentales.
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