El legítimo propietario demostró que arrendó la casa de buena fe desconociendo las actividades que en ella se realizaban. Hace un año la aseguraron luego de que fuera señalada de que ahí tenían privada de su libertad a una menor de edad
Tras permanecer asegurada durante casi un año por disposición de la autoridad ministerial, finalmente fue liberada la finca ubicada sobre la calle Cuba, poco antes de su cruce con Ángel Robles, en la colonia Brisas del Pacífico, en la parte alta de la delegación El Pitillal, inmueble que había sido intervenido por la Fiscalía del Estado de Jalisco tras la presunta fuga de una menor de edad víctima de trata de personas.
De acuerdo con antecedentes oficiales, el pasado 29 de marzo de 2025 agentes ministeriales ejecutaron una orden de cateo en la propiedad, luego de que una adolescente reportada como desaparecida regresara con su familia y señalara que había permanecido en ese domicilio contra su voluntad.
La declaración de la menor derivó en una amplia movilización de corporaciones de seguridad, entre ellas elementos de la Policía Municipal, personal del Ejército Mexicano y efectivos de la Guardia Nacional.
Durante la intervención, las autoridades inspeccionaron el inmueble sin localizar personas en su interior.
No obstante, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguraron diversos indicios que fueron integrados a la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público del área de Personas Desaparecidas.
Desde entonces, la vivienda quedó bajo resguardo oficial, con sellos y lonas colocadas para impedir el acceso, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de personas detenidas ni de avances sustanciales en torno a este caso.
Por su parte, la defensa legal del propietario sostuvo desde el inicio que el inmueble se encontraba arrendado y que la familia dueña desconocía por completo las actividades que presuntamente se realizaban en su interior. Argumentaron que el contrato de renta se celebró de manera formal y que el arrendatario cumplía puntualmente con el pago, sin que existiera indicio alguno que hiciera presumir conductas ilícitas.
El abogado de los propietarios promovió diversas acciones legales ante la autoridad ministerial, incluyendo audiencias y recursos de amparo, con el objetivo de recuperar la posesión del bien.
Señaló que, pese a haber presentado documentación que acreditaba la legítima propiedad y la relación contractual con el inquilino, el inmueble permaneció asegurado por varios meses, generando afectaciones económicas a la familia, que depende de esa propiedad como fuente de ingresos.
Finalmente, tras resoluciones judiciales favorables, se ordenó la liberación de la finca y su devolución al legítimo propietario. En días recientes, personal de la Fiscalía acudió al lugar para retirar los sellos oficiales y las lonas colocadas tras el cateo, devolviendo formalmente el inmueble.
A casi un año de los hechos que generaron un fuerte despliegue policial en Brisas del Pacífico, el caso continúa sin detenidos y bajo reserva en cuanto a los avances de la investigación, mientras la propiedad vuelve a manos de sus dueños en medio de un expediente que aún no ha sido esclarecido en su totalidad.
