La audiencia del ex gobernador de Chihuahua, acusado de corrupción y de desvío de recursos para campañas políticas, se llevará a cabo el próximo jueves en Miami
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Las autoridades de Estados Unidos le solicitarán a la Corte Federal de Miami, en el estado de Florida, que el ex gobernador de Chihuahua, en México, César Duarte, acusado de varios delitos incluidos corrupción, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos para campañas electorales, no sea liberado bajo fianza porque considera que es un riesgo de fuga.
“No puede demostrar” que “no posa riesgo de fuga o peligro para la comunidad”, detalló el fiscal de Estados Unidos que está encargado del caso, Jason Wu, en la moción de 27 páginas que será valorada por la jueza y a la que la agencia EFE tuvo acceso.
El fugitivo (…) no puede superar la fuerte presunción contra la fianza en casos de extradición internacional
Duarte, por lo tanto, tendrá que enfrentarse a esta moción el próximo jueves 30 de julio, fecha en que la jueza federal Lauren F. Louis marcó para la audiencia que abordará el pedido de libertad bajo fianza del ex mandatario de Chihuahua.
El ex político se encuentra detenido en Miami desde hace varias semanas y las autoridades de Chihuahua han solicitado su extradición a Estados Unidos para ser juzgado en su tierra natal. Por ahora, permanece en el Centro de Detención Federal de Miami.
De acuerdo con la Operación Justicia para Chihuahua, promovida por Javier Corral, actual gobernador de la entidad, Duarte enfrenta al menos 11 órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, mismas que ocurrieron durante la administración federal de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ambos del mismo partido político.
A pesar de que Duarte comparecerá ante la jueza Louis en apenas unos días, su defensa, compuesta por los abogados Armando Rosquete Bell y Henry Philip Bell, “no ha presentado por el momento la moción en la que solicite la libertad bajo fianza”, según los archivos judiciales consultados por EFE.
La juzgadora federal estadounidense ya tuvo la primera audiencia con Duarte hace un par de semanas, cuando le leyó los cargos por los que enfrenta el pedido de extradición de su país: “Malversación agravada y conspiración agravada”. En la primera cita, los abogados pidieron tiempo a la jueza para preparar las mociones, la primera de ellas, una que busca la libertad bajo fianza de Duarte.
La defensa subrayó que necesitaba reunir la información. Duarte está acusado en México por delitos de corrupción, peculado, desvío de recursos con fines electorales y enriquecimiento ilícito. “Duarte, con la asistencia de funcionarios de su administración y de otras (personas), malversó fondos estatales en beneficio propio y de sus asociados”, detalla la demanda en Estados Unidos.
Y es que las autoridades mexicanas descubrieron en su momento irregularidades “significativas” en los programas de subsidios y préstamos para productores de ganado, así como en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado. Según la demanda, desde al menos junio de 2011 hasta noviembre de 2014, Chihuahua transfirió más de 6,4 millones de dólares a dos empresas en las que “Duarte era el accionista mayoritario”.
Por ello, en octubre de 2019, la jueza María Alejandra Ramos Durán, en Chihuahua, había emitido una orden de arresto contra el ex gobernador. Duarte fue capturado el 8 de julio en el estado de Florida. El ex gobernador era buscado en 190 países.
El inicio del caso judicial en México data de octubre del 2016, cuando el sistema de justicia chihuahuense emitió la primera orden de aprehensión contra su ex gobernador al encontrar una deuda pública que asciende a 48,000 millones de pesos, afectación al erario local por 6,000 millones de pesos y desvíos de recursos del estado en favor electoral del Partido de la Revolución Institucional (PRI) por 250 millones de pesos durante 2015.
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