Fiscales en EEUU piden un jurado protegido y anónimo para el juicio de Genaro García Luna, vinculado al Cártel de Sinaloa

Los primeros días de diciembre se dieron a conocer cambios en el caso del ex secretario de Seguridad Pública acusado de narcotráfico. A su defensa se suma la abogada, Shannon Michael McManus

Su identidad podría mantenerse en secreto por motivos de seguridad. El jurado, que el próximo año decidirá el futuro del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preservaría su anonimato a petición de los fiscales de Estados Unidos quienes advierten, que conocerse su identidad podría poner en riesgo su integridad.

Además, la fiscalía alegó que se proteja al jurado y a los testigos por temor a represalias.

Genaro García Luna, acusado de corrupción y crimen organizado en EEUU, se careó por última vez con las autoridades estadounidenses el pasado 27 de octubre, en una audiencia en la que se estableció aplazar el juicio hasta octubre de 2022 debido a la complejidad del caso.

El ex jefe de la policía durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) continuará encarcelado en una prisión de Brooklyn, mientras la fiscalía sigue alimentando el expediente que ya supera el millón de páginas y decenas de horas de grabaciones.

Hasta ahora la defensa de García Luna dependía únicamente del abogado César De Castro, no obstante, el pasado 1 de diciembre, la corte del Este de Nueva York realizó modificaciones al caso y sumó a la abogada, Shannon Michael McManus, quien es miembro del despacho de César De Castro.

El ex secretario de Seguridad Pública está acusado de facilitar la operatividad Cártel de Sinaloa en México. Asimismo, se le señala de distribución y posesión de cocaína y declaraciones falsas ante agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración.

En 2018, durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, el narco Jesús el ReyZambada aseguró que hizo pagos millonarios a Genaro García Luna.

Zambada, el primer cooperante de la fiscalía en la causa contra Guzmán, explicó ante un jurado en Brooklyn, Nueva York (EEUU) que realizó en concreto dos pagos para garantizar la protección de su hermano mayor, Ismael el Mayo Zambada, fundador y jefe del Cártel de Sinaloa, y evitar así que fuera detenido.

El primer soborno —que se produjo en un restaurante en 2005— ascendía a USD 3 millones. García Luna estaba al mando de la agencia federal de investigaciones. A este siguió otro de entre USD 3 ó 5 millones en 2007 cuando García ya era secretario de Seguridad Pública.

—¿Se reunió con García Luna en un restaurante?, le preguntó entonces el abogado William Purpura.

“Sí”, respondió el Rey Zambada. De acuerdo con el testimonio, el efectivo iba en un maletín y el primero tenía como propósito conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán, Sinaloa, a una persona de confianza del cártel para así “tenerlo en el bolsillo”. El Rey aseveró que se trataba de dinero del Mayo.

Además, indicó que García Luna tenía “un compromiso en firme” con el clan formado por los hermanos Beltrán Leyva. Para garantizar la protección de la organización, añadió, entre 2006 y 2007 juntaron con sus sociosUSD 50 millones que desembolsaron a través de los sicarios Édgar Valdez Villareal, la Barbie, y José Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio.

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