Dictamen analizado en reunión edilicia de la comisión de hacienda
Aprobaron donar 300 mil pesos en favor de pescadores.
Regidores integrantes de la comisión de hacienda analizaron otorgar apoyo con 300 mil pesos a pescadores de sociedades cooperativas.
La iniciativa fue presentada por la regidora María Magdalena Urbina.
El dictamen que tiene por objeto resolver la iniciativa de Acuerdo de Ayuntamiento presentada por la Regidora Lic. María Magdalena Urbina Martínez, que tiene por objeto que el Pleno del Ayuntamiento autorice la donación de $300,000.00
(trescientos mil pesos) m.n. en favor de los pescadores de diversas sociedades cooperativas, mismos que son beneficiarios de los apoyos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de los programas abiertos en ventanilla en esta ciudad del 31 de marzo al 11 de abril.
Los beneficiados son :
Jorge Alan Parra Orozco
Fernando Guereña Garibaldo
Rafael Silva Rodríguez
Paulo Fernández Orozco
Modesto Guereña Garibaldo
Ildefonso Ornelas Gutiérrez
Ismael Joya Lara

En el análisis de esta iniciativa de acuerdo de Ayuntamiento presentada por la Regidora Lic. María Magdalena Urbina Martínez que propone la autorización de una donación por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) a favor de pescadores beneficiarios de los programas de apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) constituye una medida de política pública con un enfoque socialmente pertinente y alineado a los objetivos de fortalecimiento del sector primario en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
Desde una perspectiva de impacto social y económico, la propuesta atiende de manera directa las necesidades de un sector productivo que ha sido históricamente rezagado y que enfrenta condiciones estructurales de vulnerabilidad, como la disminución de la producción pesquera, el encarecimiento de insumos y la obsolescencia del equipo de trabajo.
La iniciativa reconoce el papel estratégico que desempeñan las cooperativas pesqueras en el desarrollo económico local, la seguridad alimentaria, la generación de empleo y la preservación de prácticas productivas tradicionales, lo cual fortalece su justificación desde un enfoque de desarrollo territorial y sostenibilidad social.
Asimismo, la propuesta presenta como fortaleza el hecho de complementar los apoyos ya otorgados por la SADER, lo que refleja un esquema de corresponsabilidad financiera entre los distintos niveles de gobierno y los propios beneficiarios.
Este modelo de cofinanciamiento permite maximizar impacto de los recursos públicos al reducir la brecha existente entre los montos otorgados por la federación o el estado y el costo real de los bienes necesarios para el ejercicio de la actividad pesquera, como motores fuera de borda y embarcaciones.
En este sentido, la iniciativa se inserta en una estrategia más amplia de fortalecimiento al sector pesquero del municipio, orientada a mejorar las condiciones de operación, seguridad y productividad de los pescadores locales.
Adicionalmente, el proyecto cuenta con sustento jurídico suficiente, al fundamentarse en disposiciones constitucionales, leyes federales, estatales y reglamentos municipales que facultan al Ayuntamiento para promover el desarrollo del sector pesquero, autorizar apoyos económicos y emitir acuerdos administrativos en el ámbito de su competencia, lo que otorga viabilidad normativa y legal a la propuesta.

No obstante, desde una perspectiva técnico-administrativa y de planeación de políticas públicas, la iniciativa presenta debilidades relevantes que pueden afectar su correcta implementación, seguimiento y evaluación.
En primer lugar, el documento no establece de manera clara los tiempos de entrega de los recursos, es decir, no se precisan plazos específicos para la ministración del apoyo económico a los beneficiarios, lo que genera incertidumbre respecto al calendario de ejecución y limita la posibilidad de programar adecuadamente el gasto público.
Tampoco se define la modalidad de entrega de los recursos, ya sea mediante transferencia directa, cheque nominativo, entrega en especie o algún otro mecanismo administrativo, lo cual dificulta la transparencia operativa y la trazabilidad del uso de los fondos públicos.
De igual forma, la iniciativa no contempla un esquema formal de coordinación interinstitucional con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a pesar de que los apoyos municipales tienen como finalidad complementar los recursos previamente autorizados por dicha dependencia.
La ausencia de un mecanismo de coordinación, como convenios, mesas de trabajo, lineamientos conjuntos o procedimientos de verificación, limita la articulación entre los distintos niveles de gobierno y puede generar duplicidades, retrasos o inconsistencias en la entrega de los apoyos.
Esta falta de coordinación también impide establecer criterios comunes de seguimiento, control y evaluación del impacto de los recursos, lo que reduce la capacidad institucional para medir resultados, rendición de cuentas y eficacia del programa.
Si bien la iniciativa representa un esfuerzo institucional relevante para atender las demandas ciudadanas de un sector productivo estratégico y contribuye fortalecimiento del sector pesquero de Puerto Vallarta, su diseño operativo presenta áreas de mejora en términos de planeación, coordinación interinstitucional, definición de plazos, modalidades de entrega y mecanismos de seguimiento.
La incorporación de estos elementos permitiría fortalecer la eficacia, transparencia y sostenibilidad de la intervención, asegurando que los recursos públicos destinados cumplan de manera óptima su finalidad social y productiva.


