La investigación federal señala a empresarios, exfuncionarios y operadores como parte de una estructura dedicada al tráfico de combustibles y armas.
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La red de presunta delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol y tráfico de armas que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo, reúne a perfiles que van desde exservidores públicos y operadores del sector energético hasta agentes judiciales, empresarios de seguridad privada y funcionarios judiciales.
De acuerdo con la causa penal 495/2025, girada el pasado 15 de noviembre, 13 personas enfrentan orden de aprehensión por supuestamente ser parte de dicha red criminal.
El núcleo de la organización
Raúl Rocha Cantú, señalado como cabecilla de las operaciones, es dueño de empresas energéticas y copropietario del certamen internacional Miss Universo.
Las investigaciones lo ubican como el principal financista e inversionista en la compra de hidrocarburos robados y el responsable de encabezar la estructura económica de la organización. Además, según los expedientes, Rocha habría pagado a funcionarios y operadores logísticos para obtener información confidencial y protección institucional sobre las investigaciones en su contra.
Se documentó que habría suministrado combustible robado, armas de fuego y recursos logísticos principalmente a los siguientes cárteles y grupos criminales:
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- La Unión Tepito
- Cártel del Golfo
- Grupo Sombra (vinculado a las Fuerzas Especiales Grupo Sombra, con presencia en Veracruz)
¿Quiénes son los señalados?
Entre sus colaboradores más cercanos que enfrentan orden de aprehensión, destacan:
- Jacobo Reyes León (“Yaicob”, “El Lic”, “El Licenciado”)
Reyes León inició su carrera como policía ministerial y en mayo de 2019 fue designado comisario de Seguridad Pública en el municipio de Acolman, Estado de México. Su gestión fue señalada por denuncias ciudadanas sobre incremento de inseguridad y en 2021 enfrentó un juicio administrativo por despido injustificado de personal.
En 2021 fue el candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides (Estado de México).
Según la carpeta 928/2024 y la acusación formal, Jacobo Reyes León es señalado como socio de la empresa de seguridad Valbon Servicios Integrales, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Esta empresa, según la FGR, se utilizaba para blanqueo de recursos y operaciones de compra y venta de armas y combustible ilícito, además de facturación simulada en la red de Rocha.
Es identificado como el principal enlace entre la organización y funcionarios judiciales. Su papel clave consistía en logística, obtención de información confidencial sobre investigaciones y diseñar estrategias de protección institucional.
El expediente refiere que en Huehuetoca, Estado de México, Jacobo Reyes León disponía de un centro de distribución de huachicol.
- Jorge Enrique Alberts Ponce (“Yoryi”, “Licenciado”)
Es un empresario vinculado a diversos rubros, especialmente seguridad privada, servicios de limpieza y desarrollo inmobiliario. Ha sido señalado por participar en esquemas de desvío de recursos públicos, destacando su papel en la llamada Estafa Maestra y el caso Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Su empresa Acurgen S.A. de C.V. recibió contratos por 6.5 millones de pesos de Segalmex para fumigación y sanitización entre 2020 y 2021, pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había detectado irregularidades desde 2018. También está relacionado con contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante la gestión de Manuel Bartlett, a través de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (Seicsa), donde figura como representante legal.
En la investigación de la FGR sobre la red de huachicol, aparece como operador logístico y financiero. Se le atribuye el uso de empresas de seguridad privada y contratos públicos para lavar dinero y para la participación en la compra, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y armas.
- Daniel Roldán Morales (“El Inge”, “Dani”):
Responsable de las operaciones técnicas y administrativas de la red, encargado de transferir ganancias y distribuir combustible robado en estaciones de servicio, además de coordinar comunicación interna y contabilidad clandestina.
- Alejandro Jacob Álvarez Arriaga (“Ale”):
Operador identificado en los documentos judiciales por tareas logísticas y apoyo en maniobras financieras, sin historial público fuera del expediente.
- Sergio Hurtado Perea (“Hurtado”, “Ingeniero Hurtado”):
Según la investigación judicial, Hurtado Perea fue responsable de la logística técnica para almacenar, manejar y trasladar hidrocarburos robados, especialmente en puntos estratégicos como la bodega conocida como “La Espuela” en Querétaro.
Su papel consistía en supervisar la infraestructura utilizada para ocultar y almacenar carrotanques, pipas y otros vehículos empleados para el transporte del combustible ilícito.
Funcionarios, fiscales y jueces dentro de la estructura delictiva
La investigación detalla que la protección y funcionamiento de la organización se apoyó en funcionarios judiciales, fiscales y policías federales, así como operadores de seguridad privada:
- Mari Carmen Ramírez Rodríguez (“La Fiscal”, “La Lic.”)
Agente del Ministerio Público Federal adscrita a la FEMDO. Es acusada de entregar información privilegiada sobre expedientes clave a los operadores de Rocha a cambio de pagos en efectivo.
- Diego Adrián Mendoza Pérez:
Servidor público de la FEMDO. En la indagatoria aparece como acompañante de Mari Carmen Ramírez Rodríguez en al menos una de las entregas de efectivo documentadas por la FGR, realizada a las afueras de la sede de la Fiscalía en Paseo de la Reforma. Es imputado como facilitador de información interna, protección de la estructura y apoyo para encubrir rutas y movimientos sospechosos.
- Paul Manrique Miranda (“Paul”, “Comandante”):
Comandante de la FGR (FEMDO), exhibido en julio de 2024 en audios donde negoció y exigió pagos en dólares a presuntos operadores de huachicol en todo el país, a cambio de favores procesales y protección en el transporte de hidrocarburos en carreteras federales. Se documentó que recolectaba millones de pesos al mes para sí y superiores, y estaba a cargo del contacto con agentes responsables de liberar cargas y manipular la papelería de las pipas.
- Elizabeth Muzquiz Pineda:
Jueza federal adscrita a San Juan del Río, Querétaro. Es mencionada por su posible intervención para favorecer judicialmente a miembros de la organización.
- Sergio Abraham Lara Paz (“Lara”):
Consignado en expedientes como operador auxiliar de la red, aunque no hay información pública sobre su perfil profesional.
- Jeny Guzmán Cintora/Cintura:
La información sobre ella es limitada. Su nombre solo figura en la lista de imputados de la causa penal 495/2025 relacionados con la red de Raúl Rocha Cantú.
- Jorge Alberto Gallegos Díaz (“Gallegos”):
Solo aparece en la lista judicial. Su nombre coincide con el de un reconocido cantante mexicano, pero no existen pruebas públicas de que se trate de la misma persona.
Hasta el momento, la FGR solo ha informado la detención de una funcionaria federal y mantiene reservas sobre los demás acusados. Sobre Raúl Rocha Cantú, se sabe que se acogió a un criterio de oportunidad como testigo colaborador, pero su estatus jurídico depende de que se ratifiquen los elementos de prueba en audiencia.
