Los memorándums de entendimiento en materia de seguridad y migración suscritos en 2022 por los mandatarios estatales con Greg Abbott carecen de validez legal y constitucional, advierte el Gobierno Federal.
Los esquemas de coordinación bilateral pactados por gobiernos locales con administraciones extranjeras se encuentran bajo un riguroso análisis ministerial por parte de la Federación. A raíz de la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas violaciones a la soberanía, expedientes históricos evidenciaron que otros tres mandatarios de la frontera norte incurrieron en prácticas similares durante el año 2022. Se trata de Samuel García Sepúlveda, de Nuevo León; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, quienes firmaron memorándums de entendimiento en materia de seguridad pública y control migratorio con el gobernador de Texas, Greg Abbott.
La suscripción de estos instrumentos jurídicos, realizados en abril de 2022 en ciudades como Austin, Laredo y Weslaco, respondió a un mecanismo de presión económica impuesto por el gobierno texano, el cual aplicó inspecciones exhaustivas al transporte de carga pesada que generaron pérdidas por hasta 8 millones de dólars diarios para las empresas exportadoras mexicanas. Para mitigar el bloqueo comercial, cada mandatario estatal negoció de manera independiente compromisos que incluyeron el despliegue de tecnología de rastreo, patrullajes en la franja del Río Bravo y el establecimiento de filtros de revisión policial en territorio nacional para frenar los flujos de migración irregular. En el caso específico de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca signó el convenio bilateral mientras enfrentaba un proceso de desafuero y una orden de aprehensión activa por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.
Frente a este escenario de intervención, la postura del Poder Ejecutivo Federal ha sido contundente al manifestar que ninguna entidad federativa posee facultades constitucionales para formalizar tratados o acuerdos de coordinación con gobiernos extranjeros. La validez de estos memorándums se encuentra cuestionada debido a que la política exterior y la seguridad de las fronteras competen de forma exclusiva a la Federación. Los análisis en curso buscan determinar si los exgobernadores incurrieron en ilícitos administrativos o de traición institucional al pactar con agencias norteamericanas al margen de los canales diplomáticos del Estado mexicano.
Fuente: FGR y registros del Poder Ejecutivo Federal | © Redacción NoticiasPV
