Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, informó que las empresas de funcionarios del ISSSTE y prestanombres provocaron un desvío de 88 mmdp.
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El manejo irregular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) generó que se favoreciera a empresas con contratados de servicios subrogados por 88 mil millones de pesos, incluyendo la administración de Miguel Ángel Yunes.
“Las anteriores administraciones la dejaron como un cascarón y con afectación. La privatización fue dejando al instituto sin capacidad para brindar una correcta atención a los derechohabientes. Los dueños de las empresas eran funcionarios o prestanombres”, informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador le encargó la “transformación” de la institución.
Indicó que, además de los contratos, se dejó de aumentar infraestructura y contratar personal, lo que generó “escasez de 36 mil trabajadores de salud”.
El Presidente reportó que por esos casos hay dos denuncias contra Miguel Ángel Yunes, como informó la Fiscalía General de la República.
Ahora, el ISSSTE entró a una etapa de “nacionalización”.
Pedro Zenteno, director general de la institución, comentó que se han revisado las pensiones, entre las cuales se encontraron 100 que son ilegales, pues rebasan los 31 mil pesos mensuales.
“Es un modelo de corrupción en el que extrabajadores del ISSSTE coludidos con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de los tribunales laborales, tramitaron miles de juicios ante las juntas federales de Conciliación y Arbitraje en el norte del país, con el propósito de obtener una pensión más alta y beneficios fuera de la ley”, detalló Félix Medina, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Con ello, abogados del ISSSTE perdían “intencionalmente” juicios.
En suma, el fraude fue de 15 mil millones de pesos, tras lo cual se judicializó a 22 personas y tres personas fueron vinculadas a proceso.
Además, se aseguraron cheques por mil 188 millones de pesos.
