La dependencia federal detalló que la conductora participó presuntamente en una red de contratos simulados con fondos destinados a penales, sumando tres órdenes de aprehensión vigentes.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, reveló los detalles del esquema financiero ilícito mediante el cual la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su red de complicidades habrían desviado recursos públicos por más de dos mil 450 millones de pesos. De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el dinero provenía de contratos asignados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de la administración de los centros penitenciarios del país, utilizando empresas fachada para triangular los fondos.
Durante una conferencia de prensa, la fiscal federal especificó que las cuentas bancarias de la presentadora fueron utilizadas para el blanqueo y triangulación de los recursos sustraídos al erario federal, sumando además irregularidades fiscales detectadas en sus declaraciones de los ejercicios 2014 y 2016. Según los peritajes contables, Gómez-Mont omitió el pago de más de trece millones de pesos en contribuciones fiscales, afectando directamente los programas sociales destinados a la ciudadanía.
Actualmente, la FGR mantiene vigentes tres órdenes de aprehensión en contra de la conductora: una emitida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más libradas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, derivando en las solicitudes formales de extradición presentadas ante el gobierno estadounidense.
La detención de Gómez-Mont, ocurrida el pasado 30 de octubre en territorio estadounidense por motivos migratorios, mantiene a la investigada bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro Broward Transitional Center, ubicado en Florida, a la espera de que las autoridades de migración resuelvan su estatus legal o decreten su deportación hacia México.
La titular de la FGR enfatizó que, en caso de concretarse su expulsión o deportación por parte de la administración del presidente Donald Trump, las instituciones de procuración de justicia mexicanas ejecutarán de manera inmediata los mandamientos judiciales pendientes para garantizar que comparezca ante los tribunales del país, respetando en todo momento su derecho a la presunción de inocencia.
Fuente: Declaraciones oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) | © Redacción NoticiasPV