La Fiscalía Federal tomó declaración a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional encargado del perímetro en el municipio de Morelos; la institución indaga la presunta intromisión de agentes de la CIA y rastrea a las empresas proveedoras de químicos.
Las líneas de investigación en torno al aseguramiento de infraestructura para el procesamiento de estupefacientes en el norte del país alcanzaron los mandos de las fuerzas armadas. El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, notificó los avances formales en la carpeta de investigación iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua, confirmando que la institución procedió con el interrogatorio y toma de declaraciones de elementos en activo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
El personal castrense entrevistado estuvo a cargo del resguardo y la vigilancia perimetral del complejo delictivo desde su localización el pasado 19 de abril. Esta fase de diligencias ministeriales se suma a los requerimientos ejecutados el 7 de mayo, cuando agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) local acudieron a las instalaciones de la delegación de la FGR. Las indagatorias de la dependencia, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, han adquirido relevancia internacional debido a las sospechas procesales sobre la presunta participación operativa de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos en las maniobras que derivaron en el hallazgo.
Lara López puntualizó que el predio permanece bajo custodia federal mientras se desahogan las tareas de embalaje, pesaje y traslado de las sustancias químicas para su posterior destrucción física. Paralelamente, la fiscalía trabaja en determinar la identidad jurídica de los propietarios, poseedores o usufructuarios de las tierras, así como en el rastreo comercial de las empresas proveedoras de los precursores. De forma complementaria, la FGR mantiene abierta una indagatoria por posible invasión de competencias exclusivas en contra de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, bajo el argumento constitucional de que las entidades federativas tienen prohibido entablar alianzas de seguridad con gobiernos extranjeros cuando se trata de delincuencia organizada, un deslinde del cual la gobernadora María Eugenia Campos Galván se ha defendido asegurando que el operativo fue estrictamente nacional.
Fuente: FGR | © Redacción NoticiasPV
