FGR citó a comparecer a seis científicos del Conacyt

El primero de ellos debe acudir a las 13:00 horas de este martes a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)

infobae.com

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a seis de los 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo, acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

De acuerdo con reportes periodísticos, el primero de los investigadores citados a comparecer a las 13:00 horas de este martes en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) es Rafael Pando Cerón, exdirector de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico del Conacyt.

Los científicos – quienes han denunciado que no han tenido acceso a la carpeta de investigación- están siendo citados por separado.

Según fuentes federales consultadas por algunos medios de comunicación, otros científicos como Julia Tagüeña, excoordinadora del Foro Consultivo y Patricia Zúñiga, fundadora del mismo Foro, están citadas para el miércoles y jueves. Mientras que el resto de los investigadores del Conacyt deberán comparecer en los próximos días.

(Foto: Especial)(Foto: Especial)

Cabe recordar que la disputa entre la dirección del Conacyt y este grupo de académicos comenzó cuando María Elena Álvarez-Buylla -actual titular del Consejo- decidió retirar los fondos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C.

Quienes forman parte del Foro disputaron la decisión y llevaron la situación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante un amparo. Aunque el recurso legal no fue aceptado, las y los ministros concluyeron que el manejo de los recursos por parte del Foro Consultivo no presentaba irregularidades.

Pese a ello, Álvarez-Buylla decidió llevar el asunto ante la FGR. Fue ante la intervención de dicho órgano de justicia que muchas personas empezaron a sospechar que todo el asunto podría estar relacionado a una venganza por parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Fue entonces que la Fiscalía General de la República acusó a los investigadores de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Además, pidió que fueran ingresados en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Pero el pasado mes de agosto, un juez federal del penal de El Altiplano, en el Estado de México, rechazó conceder las órdenes de detención por diversas inconsistencias. Entonces, la FGR hizo una segunda petición al asegurar que los implicados participaron en un esquema ilegal de asignación de recursos.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó a 31 investigadores del Conacyt de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.  (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó a 31 investigadores del Conacyt de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

El pasado miércoles 23 de septiembre, un juez federal negó en definitiva girar órdenes de aprehensión en contra de los investigadores acusados, por lo que la FGR se inconformó y aseguró que volverá a insistir.

En su resolución, el juez señaló que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt para después incorporarse a ella (Foro Consultivo), no es un hecho delictivo, ya que el estatuto del Conacyt lo autoriza.

Algunas voces han asegurado que las acciones contra los investigadores del Conacyt son una venganza de Gertz Manero debido a que los denunciados habrían rechazado al fiscal para que ingresara al Sistema Nacional de Investigadores (SIN), lo cual logró en este 2021, 11 años después de que hiciera su primer intento para entrar (2010).

Como investigador nivel III, Gertz Manero recibirá alrededor de 38,000 pesos mensuales sin importar que sea funcionario público, pues la actual reforma al reglamento lo permite.

                                                         
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