La Fiscalía General de la República emitió notificaciones para que el gobernador con licencia de Sinaloa y su círculo político rindan entrevistas ministeriales; la revelación de las diligencias ocurrió tras las quejas públicas de la mandataria de Chihuahua.
Las carpetas de investigación por la presunta filtración del narcotráfico en los gobiernos estatales del Pacífico derivaron en requerimientos formales para las máximas autoridades de la región. La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de citación para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el objetivo de someterlo a una entrevista ante el Ministerio Público de la Federación en el marco de las indagatorias que lo relacionan con la facción delictiva de Los Chapitos.
El mandamiento institucional, emitido este sábado 23 de mayo, involucra a diez ciudadanos originarios de dicha entidad, todos pertenecientes a la estructura gubernamental de la actual administración local. Sin embargo, las bitácoras procesales de la federación advierten que la comparecencia física solo podrá ejecutarse con ocho de los sospechosos, debido a que el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, ya se encuentran bajo custodia federal en los Estados Unidos.
La difusión oficial de estos citatorios se precipitó tras los reclamos públicos de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien al ser notificada el mismo día por un caso ligado a la presencia de agentes extranjeros en su territorio, recriminó que la cúpula sinaloense gozara de aparente inmunidad. Horas después de los señalamientos de la mandataria chihuahuense, la FGR unificó los criterios de difusión mediante un comunicado, confirmando que las acciones ministeriales en Sinaloa avanzarán con exhaustividad.
El pliego acusatorio de origen norteamericano, radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, imputa a los funcionarios sinaloenses delitos graves como conspiración para la importación de narcóticos masivos y posesión de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas. El grupo de requeridos a declarar integra al senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, así como a exjefes policiales y operativos que encaran penalidades que contemplan la cadena perpetua.
Fuente: Corte del Distrito Sur de Nueva York | © Redacción NoticiasPV