Personal federal notificó formalmente a la mandataria estatal para presentarse a declarar como testigo el próximo miércoles 27 de mayo; la funcionaria acusó persecución política y reprochó el trato diferenciado frente a otros gobernadores.
Las fricciones institucionales entre la Federación y las administraciones estatales opositoras escalaron al terreno judicial. Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron al Palacio de Gobierno en la capital de Chihuahua para notificar formalmente a la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, un citatorio obligatorio para comparecer ante las oficinas ministeriales el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas.
La gobernadora recibió el documento de manos de los notificadores Joel Cruz y Roberto Chaparro, en un acto desarrollado en el patio central del recinto gubernamental, donde estuvo respaldada por su equipo jurídico y su secretario de Gobierno, Santiago de la Peña. Al respecto, Campos Galván calificó la acción como una estrategia de persecución política instrumentada por el partido oficialista y cuestionó públicamente los criterios de la dependencia federal, reclamando que no se apliquen las mismas medidas de comparecencia a mandatarios de otras entidades federativas, haciendo alusión directa al caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa.
Minutos después de efectuarse la diligencia, la FGR precisó mediante un comunicado en sus canales digitales que el requerimiento legal sitúa a la mandataria estatal y al exfiscal general de Chihuahua exclusivamente en calidad de testigos. El propósito de la entrevista ministerial es esclarecer la cadena de mando y las actuaciones de los servidores públicos locales durante un operativo desplegado los días 17 y 18 de abril pasados en la Sierra del Pinal, donde se localizó un complejo para la producción de narcóticos sintéticos.
El caso tomó relevancia binacional tras confirmarse la muerte de dos personas vinculadas a la Embajada de Estados Unidos y señaladas como presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quienes fallecieron junto a dos oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en un percance vehicular cuando retornaban de dicha zona. El Ministerio Público Federal, coordinado por el vocero Ulises Lara, mantiene abiertas carpetas de investigación por posibles faltas al ejercicio ilícito de atribuciones y violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, debido a que el Gobierno de México no contaba con registros de operaciones de campo autorizadas para agentes extranjeros.
Fuente: Fiscalía General de la República (FGR) | © Redacción NoticiasPV