La representación social imputa al exmilitar los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por presunto contrabando de hidrocarburos; la defensa confronta la petición del Ministerio Público para celebrar la audiencia a puerta cerrada en El Altiplano.
La Fiscalía General de la República (FGR) alista la imputación formal y solicitud de vinculación a proceso en contra del exmarino Fernando Farías Laguna, a quien la autoridad federal señala como el presunto operador principal de una red criminal dedicada a la evasión de impuestos y al contrabando de combustibles procedentes de los Estados Unidos. La comparecencia inicial fue programada a las 17:30 horas dentro de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 «El Altiplano», ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante el arranque del procedimiento penal, las partes procesales entablarán un debate sobre el principio de publicidad de las actuaciones. La defensa técnica del imputado, encabezada por el penalista Epigmenio Mendieta, solicitó formalmente que el acceso a la sala de audiencias sea abierto a los medios de comunicación y al público general. Por el contrario, la representación del Ministerio Público de la Federación argumentará que la diligencia debe realizarse con carácter reservado, argumentando que durante el desahogo de pruebas se ventilaremos datos sensibles vinculados a la seguridad nacional y a la infraestructura energética del país.
Ante dicha controversia, la firma jurídica Mendieta y Asociados emitió un comunicado institucional denunciando inconsistencias por parte de la representación social federal. La defensa argumentó que el órgano acusador difundió previamente pormenores de la investigación, el arresto y los traslados del procesado, por lo que resulta improcedente solicitar el desahogo a puerta cerrada cuando la norma constitucional establece la publicidad procesal como principio rector. La resolución sobre el acceso estará a cargo de la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, juzgadora que previamente resolvió bajo reserva actuaciones procesales relativas al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en expedientes vinculados al combate del fraude tributario en la importación de hidrocarburos.
Fuente: FGR / CJF | © Redacción NoticiasPV
