Los familiares del agente de la DEA los señalan de terrorismo y homicidio; además, exigen una indemnización millonaria
La familia del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, presentó una demanda civil federal en la Corte del Distrito Sur de California contra tres fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, a quienes responsabilizan de su secuestro, tortura y asesinato en 1985.
La acción legal busca una compensación económica millonaria por daños y perjuicios, y se fundamenta en disposiciones de la Ley Antiterrorista de Estados Unidos.
Los demandados son Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, y Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, así al Cártel de Sinaloa, anteriormente conocido como Federación Mexicana y Cártel de Guadalajara. Cabe apuntar que este grupo criminal recientemente fue catalogado como organización terrorista extranjera en EEUU.
Según el escrito judicial, los familiares de Camarena acusan a los mencionados de haber cometido “actos de terrorismo internacional”, además de homicidio premeditado, agresión física, negligencia con resultado de muerte e infligir daño emocional severo a las víctimas indirectas del crimen.
La demanda fue presentada apenas semanas después de que Caro Quintero fue entregado a las autoridades estadounidenses, donde enfrenta un proceso penal por varios delitos; entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato.
La acción civil se desarrolla de forma paralela al juicio penal, pero se enfoca en la reparación integral del daño causado a los familiares del agente de la DEA, quien fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y hallado sin vida semanas después en una zona rural del estado de Michoacán.
Acusan terrorismo con base en ley federal
Los representantes legales de la familia sostienen que el asesinato de Camarena no fue un acto aislado, sino parte de una estrategia deliberada del Cártel de Guadalajara para intimidar a las autoridades estadounidenses y mexicanas, y garantizar la impunidad y continuidad de su estructura criminal.
Por ello, el caso ha sido encuadrado legalmente bajo la Ley Antiterrorista de 1991, la cual permite a las víctimas de actos terroristas demandar por indemnizaciones cuando se trata de ataques cometidos fuera del territorio estadounidense por organizaciones designadas como terroristas.
“La conducta de los demandados parece haber sido, y de hecho fue, con la intención de intimidar o coaccionar a la población civil y/o influir en la política de los gobiernos de Estados Unidos y México mediante la intimidación, y/o afectar la conducta de los gobiernos mediante el secuestro y asesinato del agente especial Enrique Camarena”, se lee en el documento de 40 cuartillas.
Según los demandantes, Camarena fue secuestrado a plena luz del día frente al consulado de Estados Unidos, trasladado a una propiedad de Rafael Caro Quintero, y sometido a tortura durante más de 30 horas. Su cuerpo fue encontrado posteriormente con signos de extrema violencia junto al cadáver del piloto Alfredo Zavala.
Exigen compensaciones millonarias y sanciones ejemplares
La demanda solicita al tribunal la imposición de sanciones punitivas de gran envergadura contra los responsables, así como una indemnización económica por los daños físicos, emocionales y psicológicos causados a la familia.
En particular, se busca que los bienes decomisados tanto a los acusados como al Cártel de Sinaloa sirvan como fuente para compensar a los afectados.
Los potenciales beneficiarios del juicio serían la viuda de Camarena, Geneva Mika Camarena, y sus hijos Enrique Jr., Daniel y Erik, así como varios hermanos del agente, quienes alegan haber padecido graves afectaciones emocionales durante las últimas cuatro décadas, producto del crimen y de la percepción de impunidad que lo ha rodeado.
Además de las compensaciones económicas, la demanda solicita que los acusados cubran en su totalidad los costos legales y honorarios profesionales del equipo de abogados que representa a la familia.
¿Qué ha sido de los tres capos?
Rafael Caro Quintero, considerado uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, fue arrestado en México en 1985 por su presunta participación intelectual en el crimen de Camarena, pero obtuvo su libertad en 2013 por una decisión judicial que más tarde fue revocada.
Permaneció prófugo hasta su recaptura en julio de 2022, y no fue sino hasta el pasado 28 de febrero que el veterano capo fue llevado a Estados Unidos, donde enfrenta el riesgo de ser condenado a pena de muerte.
Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, de 90 años, cumple prisión domiciliaria en México, tras haber sido condenado por delitos relacionados con el caso Camarena. En 2022, fue objeto de una demanda similar, pero logró que el tribunal desestimara el procedimiento tras obtener un amparo.
Miguel Ángel Félix Gallardo, de 79 años, permanece recluido en el penal federal de Puente Grande, Jalisco, también por cargos relacionados con el homicidio del agente de la DEA. Durante años, fue considerado el máximo líder del narcotráfico en México y uno de los arquitectos del modelo de operación del Cártel de Guadalajara.